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La capital perderá 135 millones de euros hasta 2010 por la fiscalidad del Gobierno

La capital perderá 135 millones de euros hasta 2010 por la fiscalidad del Gobierno

Por MDO/E.P.
viernes 25 de abril de 2008, 00:00h
El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, cifró este jueves en al menos 135 millones de euros las pérdidas que el Ayuntamiento de la capital sufrirá en los ingresos que se perciben del Fondo Complementario de Financiación del Estado entre 2008 y 2010 como consecuencia de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En una comparecencia en la Comisión Ordinaria del Pleno de Hacienda y Administraciones Públicas, Bravo argumentó que "las estimaciones, muy prudentes, de los efectos en la recaudación del Ayuntamiento de Madrid sólo a través del Fondo Complementario a causa de las medidas fiscales legítimas que ha tomado el Gobierno, es que Madrid perderá definitiva e irrecuperablemente 135 millones de euros entre 2008 y 2010". "Seguro que cuando las cifras sean definitivas, serán aún superiores", añadió el edil.

Las transmisiones fiscales desde el Estado a los ayuntamientos son de dos tipos. Por una parte, la cesión del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y los carburantes que se recaudan en el término municipal. Por otra parte, está el Fondo Complementario de Financiación, que depende de cómo evolucione la recaudación en el ámbito estatal y que se ve afectado por cualquier modificación en la normativa fiscal. Es de dicho Fondo del que se perderán unos 155 millones de euros entre 2008 y 2010, de los cuales 20 se recuperarán ese año cuando se cierre el presupuesto de 2008 con las cifras reales de recaudación y no con las estimaciones que hace el Ministerio de Economía.

"Las haciendas locales se financian en base a una previsión errónea y, aunque ese dinero se completa después, durante 2008 el Ayuntamiento de Madrid no ha ingresado 20 millones que percibirá en un par de años pero que necesitaría ahora", criticó Bravo. La otra fuente de deducción de financiación a las haciendas locales son las medidas sociales aprobadas "legítimamente" por el Gobierno y que se cargan al IRPF del Estado. "Comunidades autónomas y ayuntamientos tenemos una financiación íntimamente ligada al ingreso de los impuestos estatales, así que no deberían modificarse sin tomar medidas para que no se aminoren estos ingresos", reclamó el delegado de Hacienda.

En concreto, Bravo mencionó datos ministeriales que cifran que la reforma del IRPF costó en 2007 unos 2.000 millones de euros; la ayuda de 2.500 euros por hijo, unos 500 millones el año pasado y el doble éste; las ayudas al alquiler de viviendas, unos 348 millones; y las deducciones de 400 euros, hasta 6.000 millones en el presente ejercicio.

Tomar medidas
"En total, entre 2007 y 2008, casi 13.000 millones de euros menos que deberán soportar conjuntamente las tres administraciones", mencionó Bravo, puntualizando que para el Ayuntamiento de Madrid eso significará perder 34 millones este año, 24,6 el próximo y otros 65,8 millones más en 2010. En este contexto, el concejal instó al Gobierno a que "tome las medidas necesarias para corregir esta situación" sin criticar con ello "las medidas que, legítimamente, (el Ejecutivo central) tome en materia fiscal".

Además, aseguró al resto de ediles de las tres formaciones con representación en el Consistorio madrileño que las previsiones presupuestarias de este año "no recogen los 20 millones perdidos este año". "Hago presupuestos bastantes conservadores, así que por eso no hay que preocuparse, pero nos enfrentamos a una situación de crisis que se está precipitando más rápido de lo que el propio Gobierno de la Nación había previsto", auguró.

Asimismo, aseguró que el Gobierno municipal está "poniendo medidas para paliar en la medida de los posible el impacto de la crisis en el Ayuntamiento", pero recordó que "con la subida del IPC las posibilidades son muy limitadas". También pidió al resto de grupos (PSOE e IU) un "posicionamiento favorable" a la hora de exigir al Gobierno una compensación por las consecuencias negativas de las medidas aprobadas.
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