Güemes salió al paso tras el Consejo de Gobierno para responder a lo publicado por varios medios de comunicación y aclarar el convenio que firmó el 2 de enero de 2008 con la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Según este documento (
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pag. 4 / Fuente: Cadena Ser), el Servicio de Asistencia Católica -compuesto por los capellanes de los centros- "formará parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos" en los hospitales.
Güemes: ni influyen ni es nuevo
El responsable de Sanidad madrileña recalcó que es "rotundamente falso" que los capellanes influyan mediante su voto en las decisiones médicas, "como no lo hace ningún miembro de los comités de ética", ya que las medidas que toman con cada paciente "dependen exclusivamente" de los profesionales sanitarios y se realizan "de acuerdo a criterios científicos".
La única función de los capellanes, según aseguró Güemes y como consta en el acuerdo de 2008 (condición de colaboración número 3), es por tanto "asesorar en cuestiones religiosas a quien así lo desee".
El consejero añadió que no es nada "nuevo" el hecho de que miembros de la Iglesia Católica formen parte de los comités éticos, ya que el origen de esta práctica se origina en los acuerdos con la Santa Sede de 1979, firmados en 1985 "por los ministros del PSOE de Justicia y Sanidad y Consumo". Por ello, defendió que el acuerdo firmado en el pasado mes febrero de este año solo es una prórroga de los anteriores y "quien pretenda ver en esto una delegación de las funciones en la Iglesia tergiversa o desconoce la realidad de lo que ocurre en la Comunidad y en España", ya que comunidades como Cataluña o Extremadura tienen convenios similares.
Güemes concluyó asegurando que este "es un debate de la izquierda" basado en las declaraciones del presidente del comité de ética del Colegio de Médicos, "implicado en el caso Severo Ochoa".
PSOE e IU exigen su derogación
Tras hacerse público el acuerdo firmado en febrero, PSOE e IU han exigido a la Comunidad la "inmediata retirada" del mismo. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, avanzó en rueda de prensa que se va a solicitar la comparecencia de Esperanza Aguirre en la asamblea para que dé explicaciones.
Según Gómez, el ejecutivo de Esperanza Aguirre "intenta llevar a la Sanidad pública madrileña un modelo moral que no es compatible con el modelo constitucional y que no es compatible con una España moderna, sino que parece traído del modelo de sociedad preconstitucional".
Respuesta de Sabanés
Inés Sabanés, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, reclamó a su vez la retirada y añadió que IU exigirá que se tomen medidas que impidan que la Iglesia Católica interfiera en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y en la organización de los servicios públicos.
A esta reacción se sumó la de la asociación El Defensor del Paciente, que defendió que "la Sanidad no tiene color político ni religioso". Además, añadió que, de no derogarse el acuerdo, acudirán al Tribunal de Derechos Humanos por "incurrir en una ilegalidad y una decisión propia de un país bananero".
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