Va terminando el periodo álgido de vacaciones estivales. El verano ha sido más duro de lo habitual. Los incendios han acabado con la vida de un buen número de trabajadores de las cuadrillas forestales en Guadalajara. La sequía, el calor agobiante, la disminución alarmante de las reservas de agua. Diecisiete trabajadores del Ejército han muerto en un accidente en Afganistán. Un agricultor ha fallecido tras los golpes y maltratos en un cuartel de la Guardia Civil. Los accidentes de tráfico han vuelto a ser triste noticia. Los tremendos atascos veraniegos han amargado la vida de quienes salían o retornaban de sus vacaciones y de quienes acudían a trabajar a una capital asolada por las pertinaces obras municipales. El Gobierno autonómico ha aprovechado el mes de agosto para aprobar la concesión de cuarenta canales de televisión al clero y a los amigos políticos de la derecha gobernante.

Pocos serán quienes echen de menos este verano. Volver de este periodo vacacional tendrá como siempre sus inconvenientes. Volver al trabajo en espacios urbanos cada vez menos a la medida de los seres humanos, a las tensiones cotidianas. Pero todos estos problemas nos parecerán asumibles si podemos volver a una sucesión de acontecimientos que no vengan marcados por la tragedia.

Volvemos a un Madrid que tendrá que participar en el primer gran debate de la política nacional que se anuncia en la celebración de la Conferencia de Presidentes, prevista para el mes de septiembre y que se centrará en la financiación del sistema sanitario. Según el Informe del grupo de análisis del gasto sanitario público, dirigido por el interventor general del Estado, Madrid obtiene una financiación de poco más de 4.000 millones de euros y gasta más de 4.600. Este dato pone de relieve que Madrid gasta casi 200.000 millones de pesetas más que cuando recibió las transferencias sanitarias. Unas transferencias que fueron negociadas con criterio político entre el gobierno del PP en el Estado y el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, que no tomaron en cuenta las insuficiencias que ya en aquel momento soportaba la sanidad madrileña. Mientras Aznar gobernó todo quedaba en casa. Ahora todo son demandas de mayor financiación al papá Estado.

Hemos tenido mala suerte los madrileños con los responsables de sanidad que nos han tocado. Echaniz negoció unas malas transferencias y fue incapaz de obtener el mínimo consenso político y social para afrontar el reto de futuro del sistema sanitario. Su sucesor, el consejero Lamela, se ha empantanado en la privatización de los nuevos hospitales y se ha hundido en conflictos como el del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Cambios tecnocráticos en los modelos de gestión sanitaria y mucha propaganda para que cambie todo mientras todo empeora. No hay solución para las listas de espera. No hay más camas hospitalarias. Faltan centros de salud de atención primaria y de especialidades. Hay más de setecientas mil tarjetas sanitarias más y los recursos que ya eran insuficientes lo son aún más. El mapa sanitario sigue siendo el mismo, con once áreas sanitarias que superan con creces los 250.000 pacientes establecidos por la Ley General de Sanidad y que en más de la mitad de los casos superan los 500.000.

El gobierno de Zapatero ofrece 3.000 millones de euros, a medias con las comunidades autónomas, para financiar la sanidad española. Esta cantidad es insuficiente porque tan sólo en 2003 las comunidades autónomas recibieron 4.900 millones menos de lo que gastaron en sanidad. Pero es un comienzo, una señal que hay que aprovechar para poner encima de la mesa los problemas sanitarios y evitar que el problema se agudice y se aleje cada vez más de una solución.

Es el momento de reconocer que, tal como afirma el Informe, las comunidades autónomas son las responsables de la gestión del 90 por ciento del gasto sanitario público. Que según estimaciones solventes, en España nos gastamos en sanidad casi 22.000 millones de euros menos de lo que deberíamos de gastarnos por el nivel de desarrollo económico y eso hace que seamos el país que tiene menor gasto público en sanidad por habitante en la Europa de los 15. Que dentro de España, Madrid es la Comunidad con menor gasto sanitario público por habitante. Que la política de equilibrio presupuestario seguida por el gobierno Aznar ha producido un mayor desequilibrio social y sanitario con Europa. Que en el crecimiento inadmisible del gasto en medicamentos y en tecnología radica buena parte del crecimiento del gasto sanitario. Que los cambios demográficos y el crecimiento de la población deben ser tenidos en cuenta con carácter permanente para revisar la financiación de la sanidad.

Hará mal el gobierno de Esperanza Aguirre en sacar pecho, con el consabido "somos los mejores" que le caracteriza, ante una situación que su propio partido generó con una mala política sanitaria a nivel del Estado y de Comunidad Autónoma. Hará mal tachando de dádiva o limosna la oferta del Gobierno central, por insuficiente que parezca, y jugando a utilizar el malestar de los madrileños para situarse como primera víctima entre los victimistas gobiernos autonómicos del PP.

La única salida es reconocer las insuficiencias actuales, abordar el reto de la sanidad pública madrileña y pactar con el Estado los recursos necesarios para acometerlo, que pueden situarse en una necesidad de financiar 1.200 millones de euros anuales más. Recursos que deben de proceder de un esfuerzo compartido entre el Gobierno central y el Gobierno regional. La única salida es negociar política y socialmente un Pacto por la Sanidad Pública, que venimos reclamando desde el momento en que se anunció la transferencia sanitaria a la Comunidad de Madrid y que tan sólo la falta de voluntad de los responsables políticos de la sanidad madrileña ha hecho inviable hasta el momento.

A principios de septiembre, en la Conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, comprobaremos si la sanidad es un problema a resolver por la vía de la corresponsabilidad en la financiación o si, carentes del más mínimo sentido de Estado, algunos pretenden utilizarla como arma arrojadiza en su particular asalto al poder.