Madrid. MDO
El Gobierno regional decidió privatizar sus dos ITV públicas de Getafe y Villaverde en el mes de mayo. Para ello convocó una subasta en la que fijó un precio de salida de 11,8 millones de euros, aunque finalmente acabó vendiéndolas en septiembre por más del doble. Concretamente por 26,68 millones, siempre garantizando, eso sí, la recolocación de todos los trabajadores en otros puestos de la Administración autonómica.

Aunque fue un anuncio de Esperanza Aguirre en el Debate sobre el Estado de la Región del año 2004, hasta mayo del 2005 no se hizo realidad la decisión del Gobierno regional de desprenderse de sus dos ITV públicas. Ese mes sacó a pública subasta las ITV de Getafe y Villaverde con un precio inicial de 11,8 millones de euros, cantidad que una sociedad de tasación independiente fijó como valor de salida. Desde la Comunidad de Madrid garantizaron la recolocación de todos los trabajadores en otros centros de la Administración regional después de haber llegado a un acuerdo con los sindicatos CC.OO., UGT y CSIT-UP. Este acuerdo garantizó a los 115 empleados de las ITV que lo desearan que se incorporaran a la Administración autonómica y, además, se respetaran los derechos adquiridos.

Solventado este escollo, decidió vender las acciones de la sociedad Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, S.A. (ITV) mediante la fórmula de la subasta pública al mejor postor. Según explicó el vicepresidente primero Ignacio González, el objetivo de esta "liberalización" era "garantizar la libre competencia, mejorar el servicio y permitir la reducción de los precios". Como en toda puja, se esperaba que finalmente el precio que alcanzara fuera mucho mayor que los 11,8 millones de euros. Y así fue. En septiembre se adjudicaron a una agrupación de empresas por más del doble del precio de salida. La oferta que ganó la subasta ascendió a 26,68 millones de euros. Esta adjudicación se produjo después de hacerse públicas las cinco ofertas económicas admitidas a subasta y tras celebrarse el Consejo de Administración del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).

Las ofertas fueron presentadas por ECA Global S.A. que ofertó 24.101.001 euros; S.A., MACOVIT Sociedad de Inversiones, S.L., con 12.500.002 euros; ACCIONA Servicios Técnicos Urbanos con 24.000.000 euros; Applus ITEUVE Technology, S.L. , con 20.551.000 euros; y una agrupación de empresas formada por CARSANCAL, S.L., G3T, S.L., BNNC GODIA, S.L. BARCELEURO, S.L., KILUBA, S.A. Y BURUNO, S.A., que presentó la que ganó con 26.689.375,35 euros. La decisión de deshacerse de ellas vino motivada por una ley estatal del año 2000 que procedió a liberalizar la actividad de inspección técnica de vehículos, dejando de configurarse, con carácter general, como un servicio público.