Madrid. MDO
La nueva Ley del Suelo regional estará aprobada, casi con toda probabilidad, antes del segundo trimestre del 2006 pero ya en octubre de este año dio su primer paso dándose a conocer 'en sociedad' con una carta de presentación que fija por ley el porcentaje de vivienda protegida. Este porcentaje deberá ser del 50 por ciento en todos los desarrollos urbanísticos excepto en los municipios de menos de 15.000 habitantes, donde se deja a la voluntad de cada alcalde. El Gobierno regional prometió agilización de todos los trámites, transparencia y reducción de los plazos hasta la mitad de lo que se da en la actualidad. La consecuencia final será, según dicen, el abaratamiento del precio de la vivienda.

El anteproyecto de Ley del Suelo era enviado el jueves 20 de octubre al Consejo Económico Social (CES) para que emitiera su preceptivo dictamen. No había prisa por aprobarla en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero su máximo responsable, Mariano Zabía, señalaba que podría empezar a debatirse en la Asamblea a principios de febrero y estar aprobada antes de Semana Santa. La intención del Gogierno regional es que, según indicó Zabía, sea una ley muy consensuada con todos los interlocutores sociales y para ello en los meses anteriores pasó por un proceso de diálogo con Ayuntamientos, promotores inmobiliarios y constructores. El texto definitivo se basó en el dictamen de la comisión de expertos presentada meses atrás. Así, según explicaba el consejero durante su presentación, introducirá más "transparencia" en todos los procesos urbanísticos, reducirá a más de la mitad los plazos habituales, potenciará la rehabilitación de los cascos antiguos e incidirrá en la protección de todos los terrenos con valor medioambiental.

Finalmente, el anteproyecto de ley sí fijó un porcentaje de vivienda protegida en cada desarrollo urbanístico, algo que en el dictamen del comité de expertos no se contemplaba y a lo que se habían opuesto muchos promotores inmobiliarios. Zabía lo confirmaba al término del Consejo de Gobierno de ese 20 de octubre: al menos el 50 por ciento de la edificabilidad de cada desarrollo urbanístico se destinará a vivienda con algún régimen de protección, siendo así Madrid la comunidad autónoma que mayor porcentaje de suelo reserva a la construcción de pisos públicos. Aunque habrá una excepción: en los "pueblos pequeños", de menos de 15.000 habitantes, ese porcentaje lo fijarán libremente los alcaldes. El consejero recordaba que este porcentaje para vivienda protegida supone el doble del que tiene previsto introducir el Gobierno central en la anunciada nueva ley de suelo estatal. Respecto a la agilización de la tramitación, esta nueva Ley del Suelo "establece plazos para todos los planes y los pasos procedimentales".

Así, si hoy un Plan General de Ordenación Urbana de un municipio dura de media cuatro años, con el nuevo texto se fija un máximo de 24 meses, mientras que para los Planes Parciales se fija el tope de 12 meses frente a los 47 actuales. Ahora la duración de los procesos urbanísticos no está fijada por ley, pero con la nueva normativa sí se determinarán los plazos máximos "y si no se declarará la caducidad del procedimiento y habría que volver a empezar". Zabía argumentó que esta ley pretende evitar las retenciones especulativas de suelo, de tal forma que se garantiza "una más rápida puesta en funcionamiento de los terrenos". Así, la nueva Ley del Suelo establecerá la actuación sustitutoria y la generalización del silencio positivo, de forma que si las Administraciones no contestan a las consultas en los plazos establecidos el procedimiento urbanístico seguirá adelante. Todo esto se traducirá, según el consejero, en un abaratamiento de los precios de la vivienda "a medio y largo plazo".

Según explicó Zabía, el territorio de la Comunidad de Madrid está repartido en su 65 por ciento en suelo no urbanizable -en su gran mayoría por razones medioambientales-, el 8,6 por ciento del territorio lo ocupan las actuales ciudades y pueblos, a lo que se suma otro 4,1 por ciento de suelo preparado para urbanizar y otro 4,4 por ciento que lo ocupan las redes públicas. El restante 17,5 por ciento es suelo no comprometido, que supone la reserva de suelo a medio y largo plazo para el desarrollo de la región. El anteproyecto, que reduce a 105 artículos los 248 de la vigente norma, clasifica el suelo en tres grandes tipos: urbano, rústico y urbanizable. Dentro del rústico se encuadran los suelos con protección ambiental –especial y preservado- y una nueva figura denominada rústico transformable, que es aquel que no está protegido ni está programado para urbanizar. En lo que a transparencia se refiere, se crea un Registro Único a través de la web de la Consejería. En él se podrá consultar la situación urbanística de cada municipio, los mapas urbanísticos, e incluso los trámites que realicen particulares y ayuntamientos.

La próxima ley regional también mantiene la cesión obligatoria de suelo para dotaciones sociales, como colegios o centros de salud, e incrementa las destinadas a zonas verdes en los nuevos desarrollos urbanísticos. A su vez, la norma incorpora la autorización previa de la Comunidad para aquellos grandes desarrollos urbanísticos que incluyan suelos públicos con aprovechamiento lucrativo, con el objetivo de garantizar unas adecuadas infraestructuras de transporte en la zona de influencia que faciliten la movilidad en toda la zona. En el capítulo de la rehabilitación, el anteproyecto considera necesario potenciar la renovación del centro de las ciudades, para lo que incluye a la iniciativa privada a través de la figura del rehabilitador, que podrá actuar mediante concurso público. Finalmente, la ley actualiza al alza las sanciones en caso de infracciones urbanísticas, imponiendo multas leves, graves y muy graves, que pueden alcanzar los tres millones de euros y la reposición de los daños ocasionados dependiendo de la gravedad.