Con los votos en contra de la oposición, el equipo de Gobierno aprobó el convenio que cede la gestión del saneamiento del agua de Madrid al Canal de Isabel II. Algo que a juicio de Concepción Denche, concejala de Izquierda Unida, no es más que "un pretexto, una forma de paliar la falta de liquidez de este Ayuntamiento". Para la edil de IU "falta información sobre esta operación". El concejal socialista, Pedro Santín, consideró que "es un negocio redondo, un auténtico pelotazo para el Canal de Isabel II", y se preguntó cómo "lo que para una institución suponía pérdidas para otra genera beneficios". La concejala de Medio Ambiente, Paz González, defendió el proyecto afirmando que "con que el Canal hubiese pagado un solo euro por la operación el resultado hubiese sido beneficioso".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el vicepresidente primero y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, habían firmado el pasado 26 de septiembre un convenio para la gestión de los servicios del ciclo integral del agua en la capital. A través de este protocolo, el Ayuntamiento de Madrid encomendó a la Comunidad y al Canal de Isabel II la explotación de su sistema de saneamiento, que se sumaba así a la histórica gestión del abastecimiento y distribución de agua potable realizada por la empresa pública en el término municipal. Para ello, el Canal de Isabel II abonará 700 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de contraprestación por la cesión de los usos de explotación de su sistema de saneamiento durante 25 años.

Además, el Canal, que preside Ignacio González, se compromete a invertir otros 613 millones de euros para mejorar y ampliar tanto las depuradoras (158 millones de euros) como la red de saneamiento (455 millones de euros) en el periodo de tiempo mencionado anteriormente. Durante 2006, el Canal proseguirá con las actuaciones ya planificadas por el Ayuntamiento como la construcción de nuevos colectores y la mejora y extensión del alcantarillado. La entidad pública se hará cargo de la gestión de las ocho grandes depuradoras de Madrid que son Las Rejas, Valdebebas, Sur Oriental, Sur, Butarque, La China, Viveros y La Gavia. Estas instalaciones permitirán tratar anualmente un volumen de 620 millones de metros cúbicos de aguas residuales y darán servicio a 3,8 millones de habitantes. También asumirá el mantenimiento de los cerca de 4.000 kilómetros de la red de alcantarillado y su ampliación a los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en la capital.

Además, pondrá en marcha la instalación de nuevos sistemas terciarios para la obtención de agua reciclada, conforme a las necesidades del Ayuntamiento que seguirá gestionado este servicio para el riego de parques y el baldeo de calles. La empresa pública gestiona, en la actualidad, la depuración del resto de municipios madrileños a través de 139 depuradoras y 700 kilómetros de colectores que tratan anualmente 200 millones de metros cúbicos y atienden a dos millones de habitantes. También tiene encomendada la explotación del saneamiento en otras 42 localidades de la región madrileña. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II han renovado su convenio de relaciones para los servicios de abastecimiento y distribución de agua potable por un periodo de cinco años que podrá prorrogarse hasta en tres más.

PSOE e IU coincidieron en que este acuerdo es un "intercambio de poder por dinero" que viene a sanear las maltrechas arcas municipales y que, en su opinión, no va a beneficiar a los madrileños. Apuntaron incluso a posibles subidas en el recibo del agua, y concluyeron que finalmente la Casa de la Villa recibirá 700 millones en este ejercicio a cambio de dejar de ingresar 2.165 millones de euros en concepto de tasa de depuración durante los próximos 25 años. El portavoz del PSOE en la Asamblea, no ocultó su sorpresa, y criticó que este convenio signifique que Gallardón otorga más poder al Gobierno regional. La oposición sólo vio fines monetarios en este convenio, de tal forma que la Comunidad de Madrid aporta dinero "a las exhaustas arcas del Ayuntamiento para que pueda seguir despilfarrando recursos, haciendo obras faraónicas como la de la M-30 y talando árboles", dijo Simancas.