Madrid. MDO
Llegó noviembre y Esperanza Aguirre no dimitió pues la presidenta regional dio por cumplido su compromiso de que ningún madrileño espera más de treinta días para ser operado. Para ello ofreció datos como que la demora media era de 9 días, que desde que comenzó el plan se habían realizado 403.264 operaciones o que sólo el 8 por ciento de las intervenciones se habían derivado a clínicas privadas. La Consejería de Sanidad daba incluso por cumplido su compromiso con cinco meses de antelación, pero ni la oposición, ni los sindicatos, ni el propio Ministerio de Sanidad dieron estos resultados por buenos. Unos y otros denunciaron que la Consejería manipulaba los datos y maquillaba las estadísticas, y que el Gobierno regional excluía a numerosos pacientes del cómputo final.

Justo el día en el que Esperanza Aguirre daba por cumplido su compromiso de las listas de espera, defendía que "los que computan son los que se quieren operar", y que el resto no formaban parte de su "obligación". "Es evidente que si no se le puede operar, no quiere operarse o si quiere que le operen en el hospital suyo, que está cerca de su casa, en el que conoce al médico y no quiere ser derivado a la empresa privada, ¡oiga! ésta no es mi obligación", decía. La oposición no se creyó que ningún madrileño esperara más de treinta días para ser operado, y pidió la dimisión de Aguirre pese a que en el Gobierno regional aseguraban que el compromiso estaba ya cumplido con cinco meses de antelación. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, se vio obligado durante todo el año a defender un día sí y otro también su sistema de cómputo de las listas de espera.

Así, Lamela hizo balance en el mes de noviembre y destacó que cuando empezó la iniciativa en abril de 2004 había en la Comunidad un total de 55.594 pacientes en la espera estructural y en ese momento el número era de 9.588. Además, el consejero subrayó que anteriormente los días de espera eran de 267, mientras que en noviembre se había conseguido que la cifra se redujera a 30, siendo la demora media de 9 días. Asimismo, señaló que desde que comenzó el plan se habían realizado un total de 403.264 operaciones. Los quirófanos pasaron de 850 intervenciones al día a 1.100. Lamela anunció que la lista de espera total constaba de 30.703 pacientes y que de las operaciones realizadas hasta el momento, el 91 por ciento se habían realizado en centros públicos y el 8,66 por ciento en centros privados, por lo que "este sistema resiste toda tentativa de manipulación".

Críticas de la oposición
Sin embargo, este sistema no era válido para la oposición. El PSOE dedicó durante este año todos sus esfuerzos a denunciar la manipulación que, según ellos, estaba haciendo el Gobierno regional. Su portavoz, Rafael Simancas, aseguró que dos tercios de los madrileños que requerían una intervención quirúrgica se incluían en una lista con una demora superior a los 30 días. Frente a los datos de la Consejería, el PSOE sostenía que los madrileños tenían que esperar entre 14 y 18 meses, repartidos entre seis listas de espera, para someterse a una intervención quirúrgica. Los socialistas afirmaban que desde que comenzaba el "itinerario quirúrgico", en Atención Primaria, hasta que se remitía al especialista, "el paciente tiene que esperar una media de entre 40 y 80 días para ser recibido por éste".

Además, insistían en que muchos pacientes eran excluidos del cómputo de la lista de espera. Simancas también propuso la aprobación de una ley de garantías de plazos máximos en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas de especialidades y pruebas diagnósticas. De nada sirvió que los socialistas pidieran la celebración de un Pleno monográfico sobre las listas de espera quirúrgica y diagnóstica, y que llevaran a la Asamblea una proposición no de ley (PNL) en la que solicitaba a Aguirre que pidiera "disculpas a los ciudadanos" por los "engaños y mentiras" con la lista de espera. IU también denunció "la creativa y eficaz ingeniería contable" del Gobierno regional con el cómputo de las listas de espera. El plan de reducción de las listas de espera quirúrgicas del Gobierno autonómico, decía IU, "es un cuento por entregas, en cada una de las cuales el señor Lamela nos relata una evolución exagerada y poco creíble de las listas, que contrasta claramente con la realidad que padecen los madrileños cuando necesitan operarse".

También los sindicatos CC.OO. y UGT, junto con otras asociaciones, denunciaron que la asistencia sanitaria en la región había sufrido una regresión en su calidad, y advertían de que se estaba recurriendo "de forma sistemática a las listas bloqueadas y ocultas". Hasta el Ministerio de Sanidad rechazó el sistema de cómputo utilizado por la Comunidad. Sanidad aseguró que los criterios que utilizaba para confeccionar sus listas de espera quirúrgicas no eran coincidentes con la normativa estatal que sí cumplían el resto de las comunidades autónomas, por lo que decidió excluir a Madrid del cómputo total de pacientes en lista de espera al ser la única Comunidad que utiliza unos baremos diferentes. .