Madrid. MDO
El asesinato de Manuel Calleja de 17 años, apuñalado por un joven dominicano en el distrito de Villaverde desencadenó diversos actos violentos y manifestaciones ciudadanas de repulsa por el suceso. Dos extranjeros fueron agredidos y varios locutorios apedreados y la Delegación de Gobierno decidió poner en marcha medidas excepcionales de seguridad. El presunto homicida fue detenido por la Policía Nacional un día después del asesinato del chico, en el piso de un familiar en el barrio de Cuatro Caminos. El suceso puso además de relieve las necesidades sociales del distrito de Villaverde que soporta una alta densidad de población y un importante porcentaje de población extranjera. El alcalde de Madrid prometió en el mes de junio un Plan Social dotado con 16 millones de euros.

Manuel Calleja, 'Manu', recriminó a unos chicos de origen dominicano su actitud en un parque de Villaverde porque no le dejaron beber en una fuente. Los menores avisaron de la discusión a unos conocidos más mayores y el joven de 17 años acabó enfrentándose a otro chico dominicano de 19 , armado con una navaja. Calleja recibió dos puñaladas que acabaron con su vida y el agresor huyó de la escena del crimen. Un día después fue localizado en el piso de un familiar en el barrio de Cuatro Caminos. El joven se confesó autor de la agresión. La reacciones en el barrio no se hicieron esperar y un grupo de jóvenes se concentraron por la muerte de Manuel Calleja y agredieron a dos vecinos extranjeros de Villaverde y apedrearon varios comercios regentados por inmigrantes. El entierro del muchacho fue multitudinario y asistieron entre otros la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el consejero de Interior, Alfredo Prada y la concejala de asuntos sociales del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella.

Por su parte los padres de 'Manu' tuvieron la fuerza suficiente para encabezar la manifestación que sacó al distrito de Villaverde a la calle para pedir seguridad y medidas sociales. Cerca de 4.000 personas, convocados por asociaciones de vecinos y comerciantes, gritaron "no a la violencia, sí a la convivencia" y acudieron al lugar donde fue asesinado el joven. La manifestación fue convocada por la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Distrito y estuvo custodiada en todo momento por un fuerte dispositivo policial, que contó incluso con el apoyo de un helicóptero. Desde el principio, los ánimos de los vecinos estuvieron muy crispados y hubo muchas disputas entre vecinos y discusiones entre los asistentes.

El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez puso en marcha medidas excepcionales de seguridad en la colonia de Oroquieta donde se produjeron las agresiones. Sin embargo, aseguró que no se habían producido hechos tan graves como para justificar nuevas detenciones. La policía "tiene instrucciones clarísimas de proceder contra cualquier brote de xenofobia o de racismo que se produzca en la zona", explicó Méndez, y aseguró que la Delegación del Gobierno iba a ampliar y mejorar el dispositivo de seguridad en la zona, en colaboración con la Policía Municipal, para "evitar brotes racistas". Por su parte, el defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, consideró que los incidentes contra inmigrantes en Villaverde habían sido obra de "grupos minoritarios ajenos al barrio", por lo que pidió la colaboración de "todos" para "evitar que se cuelen elementos extraños" que den la sensación de que el distrito es xenófobo. También la Federación de Vecinos de Madrid consideró que los incidentes racistas fueron obra de bandas neonazis ajenas al barrio de Villaverde donde se produjeron los sucesos.

Por su parte, Esperanza Aguirre, anunció en el consejo de gobierno del 17 de mayo la declaración del barrio de San Cristóbal de los Ángeles como Zona de Rehabilitación Integrada, y ofreció su colaboración al Ministerio del Interior para cofinanciar una nueva comisaría en el distrito, ofrecimiento al que el Delegado del Gobierno de Madrid, Constantino Méndez, respondió con una negativa porque, según dijo, "no quiero que ese 50 por ciento que la Comunidad de Madrid iba destinar a la comisaría deje de destinarlo a las políticas sociales de prevención". Asimismo, el delegado del Gobierno presentó un Plan Específico de Seguridad de Villaverde junto con el concejal de Seguridad, Pedro Calvo. El Plan incluía un paquete de medidas que abogan por la coordinación entre Policía Municipal y Nacional, y en las actuaciones preventivas.

El Ayuntamiento, por su parte, presentó una batería de medidas sociales para el distrito de cara a los dos próximos años de la legislatura. En total, se anunció que se iban a destinar más de 16 millones de euros, destinados, entre otras cosas, a un plan para evitar las bandas juveniles, la violencia familiar, la creación de un centro para mayores o la puesta en marcha de un programa de empleo para mujeres. Alberto Ruíz-Gallardón y Ana Botella visitaron el distrito en el mes de junio para presentar este paquete de medidas sociales.