Madrid. MDO
La
sanidad pública madrileña vivió uno de
los momentos de mayor tensión el pasado mes de marzo
cuando la consejería que dirige Manuel Lamela decidió
suspender al coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa
de Leganés por presunta práxis irregular en la
sedación de pacientes oncológicos terminales o
la "eutanasia activa" de 400 enfermos. Las acusaciones
partieron de una carta anónima recibida por la Asociación
de Víctimas contra las Negligencias
Sanitarias, AVINESA, y que ésta remitió a la consejería
de Sanidad. La suspensión del coordinador levantó
una oleada de protestas entre los trabajadores del hospial Severo
Ochoa que protagonizaron numerosas movilizaciones y pidieron
en reiteradas ocasiones el cese del consejero de Sanidad, Manuel
Lamela. El caso está en la actualidad en proceso judicial.
El 12 de marzo de este año se destapó
la caja de los truenos en el hospital Severo Ochoa de Leganés.
Una carta anónima remitida a la asociación AVINESA
alertaba de la mala práxis del coordinador de Urgencias
del hospiatal, Luis Montes, en la sedación de pacientes
terminales y que tuvo, supuestamente, como consecuencia la muerte
de 400 pacientes. La carta estaba acompañada de un listado
con los casos de 35 pacientes oncológicos. El consejero
de Sanidad, Manuel Lamela, decidió la inmediata destitución
del coordinador de Urgencias hasta que se aclarara el caso y
encargó un informe, que se dio a conocer diez días
después de que la recepción de anónima
saliera a la luz pública.
El
informe encargado por la consejería de Sanidad concluyó
que exitieron irregularidades administrativas significativas
y no descartó que hubiera existido mala praxis. Asimismo
detectó 25 casos en los que hubo sedación excesiva. Este
trabajo fue dado a conocer por Lamela, quien confirmó
el cese del coordinador de Urgencias del hospital. El caso fue
remitido a la Fiscalía de Madrid. Por su parte la presidenta
del Colegio Oficial de Médicos, Juliana Fariñas,
aseguró que "en ningún
caso se trata de eutanasia", y explicó que el
equipo de urgencias presentó en 2003 al comité de ética del
hospital de Leganés un estudio sobre unos cuarenta casos
de pacientes terminales -la mayoría con tumores generalizados
y mayores de 80 años-, a los que se había suministrado la sedación
paliativa como vía para garantizar una muerte digna y sin dolor.
Se trataba de enfermos en su fase final, menos de cuatro días
de vida, y que normalmente, destacó, son enviados a casa para
morir. Es una práctica "avalada internacionalmente", explicó
Fariñas.
Carlos
Marfull el que fuera gerente del Área de Salud número 10 y sustituyó
en el cargo de director-gerente del Hospital Severo Ochoa a
Adolfo Bermúdez, quien fue cesado por el consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, a raíz de las denuncias por sedaciones a pacientes
terminales. Por su parte
los trabajadores del Hospital Severo Ochoa de Leganés aprobaron
en asamblea la convocatoria de una huelga para el día 1 de abril,
paros intermitentes durante los meses de marzo y abril, y convocaron
una manifestación frente a la Consejería de Sanidad y Consumo
de la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores
del Severo Ochoa pidieron en reiteradas ocasiones una reunión
con la presidenta regional y recogieron 25.000 firmas para pedir
el cese de Manuel Lamela por su gestión de la crisis
y la destitución del coordinador de Urgencias sin existir
pruebas en su contra. El día 19 de abril alrededor
de diez mil personas, según fuentes policiales, y de 30.000
según los organizadores, se manifestaron en favor de la sanidad
pública y para pedir el cese del consejero de Sanidad. La marcha
partió de Cibeles y con la participación del médico Luis
Montes, destituido por Lamela, y dirigentes políticos y sindicales.
Montes por
su parte presentó una querella criminal contra las asociaciones
de defensa de los pacientes que hicieron públicas las denuncias
anónimas que motivaron su relevo cautelar en el puesto. Además
presentó un recurso contencioso administrativo contra
la decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de relevarle
de sus funciones en Urgencias. Durante toda la crisis del hospital
Severo Ochoa la presidenta regional, Esperanza Aguirre, mantuvo
una firme defensa de su consejero de Sanidad, contra
el que IU y PSOE pidieron una reprobación en la Asamblea,
que fue rechazada con los votos del PP.
Informe
del Comité de Expertos
El Comité de Expertos designado por la Consejería
de Sanidad emitió su informe por unanimidad, y fue enviado
al juez que instruye el caso. El consejero Manuel Lamela compareció
para dar a conocer las conclusiones de este estudio, que revisó
169 historias clínicas de otros tantos pacientes fallecidos
en ese hospital entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo
de 2005, que fue el día en que la Consejería de Sanidad trasladó
a la Fiscalía la denuncia sobre supuestas malas praxis. La conclusión
es clara: se han registrado 73 casos en los que se sedó
a los pacientes de forma inadecuada o excesiva, sin indicación
médica e incluso contraindicadas. Se
detectaron, incluso, cuatro casos de sedación contraindicada
por los médicos. Sedaciones, por tanto,
irregulares, que el consejero evitó calificar como homicidios
o eutanasias a la espera de lo que dictamine el juez. El
consejero Manuel Lamela quiso dejar claro que en ningún
hospital madrileño se seda ya en Urgencias, y que se
trató de un problema aislado "de varios profesionales".
La Consejería de Sanidad notificó el
31 de mayo a cinco médicos de Urgencias del Severo Ochoa la
apertura de un expediente administrativo y su posterior "paralización
hasta que se pronuncie el juez".
Los sindicatos
CC.OO. y UGT de Madrid solicitaron en el mes de noviembre al
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, "que dé un paso
atrás" y retire las sanciones y los expedientes impuestos a
profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés". Los secretarios
generales de CC.OO. y de UGT de Madrid, Javier López y José
Ricardo Martínez, respectivamente, realizaron esta petición
conjunta, al conocer que un informe de la Sociedad Española
de Epidemiología desacredita el que elaboró la Comisión de Expertos
nombrada al afecto por la Consejería de Sanidad, que halló 73
supuestos casos de sedación irregular en el Severo Ochoa.
Por su parte,
la Junta de Personal del hospital consideró un "balón
de oxigeno" la descalificación del informe de la "comisión Lamela".
Los trabajadores aplaudieron la decisión de los epidemiólogos
porque creen que les da la razón. Trabajadores
y miembros de la Junta de Personal del hospital iniciaron a
mediados de noviembre un encierro de dieciocho horas contra
el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y contra la "política
de represalias que lleva a cabo la Comunidad" en el centro.
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