Madrid. MDO
Las familias del edificio que albergaba los números 38 y 40 de la calle Carmen Martín Gaite de Leganés, donde el pasado 3 de abril se inmolaron los siete presuntos terroristas islamistas vinculados al 11-M, volvieron a habitarlo en julio. Estas familias estuvieron realojadas en régimen de alquiler en el propio municipio, en otras localidades del entorno, en la zona oeste de la región y en la capital, corriendo todos los gastos a cargo del Ayuntamiento, que posteriormente giró la factura al Ministerio del Interior.

Los trabajos de reconstrucción, a cargo de Dragados, incluyeron la adaptación del inmueble a la nueva normativa en materia de electricidad y medidas contra incendios, mientras que por lo demás, la dirección facultativa, a cargo de INITEC, siguió los planos del edificio de hace nueve años con la ventaja de que los nuevos materiales empleados fueron mejores, según precisó el concejal de Obras y Servicios Comunitarios del Ayuntamiento, Mariano Maroto. El concejal aseguró que los vecinos estaban satisfechos con la reconstrucción, valorada en 2,2 millones de euros, e informó que estaban "contentos porque lo que ven es el reflejo de lo que había y reconocen que han ganado en calidad", tras haber mantenido una reunión con los afectados.

Estas familias estuvieron realojadas en régimen de alquiler en el propio municipio, en otras localidades del entorno, en la zona oeste de la región y en la capital, corriendo todos los gastos a cargo del Ayuntamiento, que posteriormente giró la factura al Ministerio del Interior. En este sentido, un portavoz de los vecinos afectados, Enrique García Leal, manifestaba que estaban "deseando volver para empezar otra vez a vivir", tras lo cual señaló que las familias de estos inmuebles se decantaron por la demolición para "garantizar la seguridad", ya que temían que los arreglos tapasen temporalmente desperfectos que, al cabo de unos años, pudiesen reaparecer. Leal comentó, además, que no creía que les quedase temor "a residir en el inmueble después de su reconstrucción".

La demolición del edificio siniestrado se llevó a cabo sin explosivos, con una cizalla eléctrica, operación que generó 3.000 metros cúbicos de escombros y que se realizó en ocho días laborables, con la colocación de una pantalla protectora. Las partes implicadas optaron por la demolición después de barajar numerosas posibilidades, por lo que ésta y su posterior reconstrucción, dejando los garajes y trasteros, resultó ser la opción más económica, tal y como certificaba un estudio de la empresa INITEC. No obstante, se barajó también el derrumbe total del edificio, incluidos los cimientos y el sótano, opción que quedó finalmente descartada porque hubiese costado 2,5 millones de euros.