Madrid. MDO
En febrero comenzó el juicio de Alfredo Galán, el presunto "asesino de la baraja" . La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó después de varias jornadas juciales a 142 años y tres meses de prisión al considerarle autor de seis homicidios consumados y tres en grado de tentativa cometidos entre enero y marzo de 2003. Asimismo, Galán tendría que indemnizar a los familiares de los fallecidos y a las tres víctimas con más de 600.000 euros en concepto de daños morales y lesiones, respectivamente. La decisión del Tribunal no reconoce por la vía penal la responsabilidad civil subsidiara del Estado, y fijó que el máximo de años que Galán podrá permanecer en la cárcel sea de 25 años.

La sección 16 de la Audiencia de Madrid comenzó en febrero a juzgar a Alfredo G.S., el presunto "asesino de la baraja", para quien el fiscal pidió 151 años y dos meses de cárcel por seis delitos de asesinato consumado, tres asesinatos en grado de tentativa, un allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicitó que Alfredo indemnice con 3.090.500 euros a los familiares de las víctimas de los crímenes que cometió en los primeros meses de 2003 en la Comunidad de Madrid.

Alfredo, ex militar que por entonces tenía 26 años, se entregó a la Policía el 3 de julio del 2004 en Puertollano (Ciudad Real) y confesó ser el autor de los crímenes, aunque posteriormente aseguró ante la jueza de Instrucción número 10 de Madrid que es inocente y que los asesinatos los cometieron dos cabezas rapadas. El fiscal expuso que el supuesto asesino múltiple salió de su domicilio y se dirigió hasta el centro de Madrid con su pistola marca Tokarev, calibre 7,62 milímetros, arma utilizada en todos los crímenes. Tras bajar del coche caminó "con el decidido propósito de matar a alguna persona cuando se diera una ocasión favorable" y entró en casa de Juan Francisco L·L., donde se encontraba éste y su hijo de dos años de edad.

Alfredo G.S., dice el fiscal, obligó a su víctima a arrodillarse y, tras un intento fallido, le disparó en la cabeza, causándole la muerte antes de huir sin que nadie percibiera los hechos. Posteriormente, Galán realizó otros cinco crímines similares deporsitando sobre los cuerpos diferentes naipes. El fiscal relató que todas las acciones las realizó con la citada pistola, que adquirió durante su estancia como militar en Bosnia, para cuyo uso no tenía licencia y de la que posteriormente se deshizo -según su versión en el vertedero de Puertollano- sin que haya aparecido. También dice el escrito que en el reverso de los naipes dibujó un pequeño punto de color azul para que la Policía supiese que los crímenes eran obra de la misma persona y que cuando se entregó reveló ese dato -que no había trascendido a los medios de comunicación- a los agentes.

En la segunda sesión del juicio la viuda de la primera víctima del asesino, Elena del Carmen, aseguró que cuando encontró el cadáver de su marido no apreció signos de lucha ni señales de fuerza en las puertas de la vivienda "que estaban completamente abiertas". El único testigo de los hechos fue el hijo de la víctima, que cuando se produjeron los hechos en enero de 2003 contaba sólo con dos años de edad, y según la madre "aún no lo ha superado".

Por su parte, Alfredo Galán Sotillo se confesó autor de los hechos cuando le fue tomada declaración en Puertollano. Según algunos de los policías presentes, Galán estaba totalmente sereno y declaró "voluntariamente sin que nadie le presionara". Según otro policía, el acusado daba los buenos días a sus víctimas y las pedía "por favor" que se arrodillaran antes de dispararles "porque la educación es lo primero en la vida". Los asesinatos provocaron que dos de las tres personas que sobrevivieron a los tiroteos perpetrados por el 'asesino de la baraja' en Alcalá de Henares y en Tres Cantos, sufrieran estrés postraumático agudo dos años después de que sucedieran los crímenes, según mantuvieron varios peritos que declararon en la octava sesión del juicio.

Asimismo, todos los médicos forenses que declararon en la novena sesión del juicio coincidieron en señalar que los disparos que acabaron con la vida de seis personas y dejaron heridas de gravedad a otras dos se efectuaron "a muy corta distancia". Estos peritos explicaron que los cuerpos de los seis fallecidos "no presentaban ningún signo de lucha", lo que supone que no tuvieron tiempo de defenderse y que sus muertes fueron "instantáneas y fulminantes". A su vez, también testificaron dos compañeros de Galán mientras fue soldado que mantuvieron que Alfredo era "una persona normal que tenía muchas amistades y a la que le gustaba gastar bromas y quedar por encima de los demás".

No obstante, el fiscal reafirmó su petición de 151 años de prisión para Alfredo Galán Sotillo como autor de seis asesinatos consumados y otros tres en grado de tentativa. Y ha aumentado la petición de indemnizaciones hasta los 8.000 euros en el caso de Teresa, y hasta los 6.000 euros a cada uno para Eduardo y A. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicitaba una indemnización para Teresa S.G., la dueña del bar Rojas de Alcalá de Henares, de 5.400 euros por las heridas causadas, 4.000 más por las secuelas y 180.000 por la muerte de su hijo Mikel J.S. tras el tiroteo, mientras que para Eduardo S.E. pedía 9.000 euros por heridas y 9.500 por secuelas.

Sin embargo, para la testigo protegida A solicitó 3.000 euros en concepto de perjuicios morales. Antes de elevar a definitivas sus conclusiones, el fiscal ha aclarado que para los hijos de Gheorghie M. y Doina M., los dos rumanos asesinados en Arganda del Rey el 18 de marzo de 2003, exigirá una indemnización de 360.000 euros para cada uno. El fiscal afirmó además que la confesión de Galán "en la que contó los asesinatos con todo lujo de detalles, sirve como una de las pruebas importantes que llevan a la destrucción de la presunción de inocencia".

Sentencia
La sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial considera probado que Alfredo Galán fue militar profesional en la ciudad bosnia de Mostar donde adquirió la pistola Tokarev de calibre 7,62 milímetros con la que cometió todos los asesinatos. También acredita que el 24 de enero de 2003, Galán salió de su casa "con la intención de matar" llegando al número 69 de la calle Alonso Cano donde, una vez dentro del portal, penetró en la vivienda del portero de la finca, Juan Francisco L.L., de 50 años, al que mató de un tiro en la cabeza después de obligarle a arrodillarse delante de su hijo de dos años.

Señala, además, que dado el grado de "desprecio de la vida humana" que mostró Galán, su crueldad y la alarma social generada, éste sólo podrá disfrutar de beneficios como el tercer grado sobre el cómputo total de las penas. Además, y pese a ser condenado a 142 años de prisión, el juez determinó que el tiempo máximo que Galán podrá permanecer en la cárcel es de 25 años. Respecto al hecho de que Galán no declarase en el juicio que se siguió en la Audiencia madrileña contra él, la resolución jurídica expone que el silencio del acusado se entiende como "corroboración de lo que ya está probado" y añade que "es de sentido común" considerar que la ausencia de palabra equivale a que no hay explicación posible" a las declaraciones anteriores realizadas por el imputado, por lo que éste "es culpable".

En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas, el Tribunal apunta que queda acreditado tanto por el testimonio autoinculpatorio del encausado como por las declaraciones de dos de sus compañeros militares, así como reconoce el delito de allanamiento de morada cometido en el suceso que acabó con la vida de Juan Francisco L.L. y el ánimo de matar con el que actuó el imputado en todos los casos.

La sentencia expone que queda acreditado que todos los hechos fueron cometidos con la misma pistola Tokarev 7,62, que los hechos enjuiciados son los únicos que se han relacionado con ese arma. El Tribunal declara culpable a Galán porque en su confesión dio detalles de cada uno de los crímenes que han corroborado agentes de la policía que instruyeron el caso, forenses y testigos presenciales tales como el punto azul colocado en el reverso de los naipes que tiraba junto a sus víctimas. El texto reseña que en esta causa concurre la atenuante de la responsabilidad criminal consistente en "haber confesado su delito a las autoridades" lo que, según el Tribunal, "ha sido de tal importancia que ha permitido el enjuiciamiento de los hechos y la condena de los mismos".