Madrid. MDO
En febrero saltaba la noticia: la Unión Europea exigía que la empresa pública Mintra -responsable de las obras del Metro- computara como administración pública y por tanto que la Comunidad de Madrid asumiera como propia su cuantiosa deuda. En el Gobierno regional mostraron desde el principio su malestar con esta decisión de Eurostat tras la que, decían, no había justificaciones económicas sino más bien políticas. La Comunidad de Madrid exigió al Ejecutivo central que "por lealtad institucional" defendiera ante Bruselas "los intereses de los madrileños". A mediados de año Esperanza Aguirre anunció un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra esta decisión de Eurostat, que hizo aumentar en casi tres décimas el déficit público de España en 2004.

La empresa pública Mintra, responsable de las últimas ampliaciones de la red de Metro, pasaba a ser clasificada desde el pasado febrero dentro del sector de las administraciones públicas por mandato de la Unión Europea (UE). Es decir, que su millonaria deuda -2.592 millones de euros- hubo que computarla como deuda propia de la Comunidad de Madrid. La consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, advertía que no se iban a conformar con esta decisión de Eurostat, y que pensaban recurrir ante las instancias que fueran necesarias. "Indignada", la consejera explicaba en febrero que "ninguno de los criterios financieros de Mintra" había cambiado y que por tanto no había "razones económicas" que justificaran la decisión de la Oficina Presupuestaria comunitaria. Para Hidalgo, las explicaciones que daba Bruselas para recalificar Mintra "en su día fueron perfectamente validadas" por Eurostat y por el entonces comisario comunitario y ahora ministro Pedro Solbes.

La Comunidad de Madrid vio detrás de este cambio "motivaciones políticas", y apuntó directamente al ahora ministro de Economía, y al Comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. Por todo esto, la Comunidad exigió al Gobierno de la nación que ejerciera el principio de lealtad institucional y defendiera "los intereses de los madrileños en Bruselas". La Comunidad de Madrid garantizó en todo momento la ampliación de la red de Metro que estaba comprometida, y aseguró que no iba a sufrir problemas de solvencia económica pese a que su deuda subió hasta casi los 10.000 millones. También se comprometió a que buscaría las fórmulas más eficientes para Mintra. Así, para el futuro no descartaban nada: desde privatizaciones a planes de saneamiento, concesiones y externalizaciones.

La propia Aguirre se reunió unos días después en Bruselas con Joaquín Almunia y decía que, si era necesario, llegaría al Tribunal de Justicia de la UE. Respondía el propio ministro Pedro Solbes, que decía que la decisión de Eurostat no suponía ningún cambio de criterio ni existía posibilidad de apelar esa decisión. Solbes aseguró que el criterio de Eurostat era "inapelable" y que se aplicaba a todas las operaciones por igual. Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE de la Asamblea, Ruth Porta, acusó al Gobierno de Aguirre de manipular y falsear la verdad sobre Mintra para ocultar su incapacidad de gestión y sus propias mentiras. "Sobre Mintra sólo hay dos verdades: que nunca fue una empresa comercial sino una tapadera de ingeniería financiera para ocultar la deuda regional y escapar de la contabilidad pública, y que el PP ha estado mintiendo a los madrileños sobre el cumplimiento del déficit cero".

Hasta los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid expresaron su temor a que la decisión de Eurostat se repitiera en el caso de Madrid Calle 30, sociedad municipal que hace las obras de la M-30 y aún no calificada por este órgano estadístico europeo. En abril, el Gobierno regional confirmaba que iba a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE. También en abril se supo que la deuda generada por Mintra había incrementado en casi tres décimas el déficit público de España en 2004. En mayo se supo que la Comunidad de Madrid había recurrido a las mejores consultoras, asesorías y bancos del país para resolver la deuda de Mintra. En aquel momento no descartaban ninguna solución, desde privatizaciones o concesiones de determinadas líneas, hasta crear una nueva empresa o dejar entrar al capital privado dentro de Mintra. Finalmente la decisión se tomó en el mes de noviembre: Metro vendió el nuevo material móvil que había comprado para toda la ampliación de la red de esta legislatura, para luego después alquilarlo.