Madrid. MDO
En enero tuvo lugar en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid el juicio oral por la demanda colectiva interpuesta contra las academias de inglés Open English Master Spai. El vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Fernando Herrero, solicitó que los efectos de la sentencia, en el caso de que ésta fuera positiva, se extendiese a los 160.000 alumnos afectados en toda España. Asimismo, la Asociación pidió la nulidad de determinadas cláusulas de garantía que los bancos habían establecido y que impedían que el usuario no pudiera reclamar en el caso del cierre de la academia y demandaron la anulación de todos los contratos de crédito y de todas las cantidades "indebidamente pagadas a los alumnos desde el día que dejaron de recibir los cursos". La sentencia aún está pendiente.

En declaraciones a los medios de comunicación, Herrero aseguró que "era el momento de exigir que bancos y cajas abandonasen la vergonzosa e infamante actitud de desprecio a los usuarios que habían aplicando desde el inicio del conflicto y que hizo que se les obligase a acudir a los tribunales". Por este motivo, consideró que era "imprescindible" que los implicados aceptasen "sentarse a negociar". "La única solución a este conflicto fue la de la no obligación de pago para todos los consumidores afectados y la de la devolución de las cuantías adelantadas indebidamente", añadió.

El vicepresidente de ADICAE recordó que fueron más de 160.000 los alumnos afectados en España de todas las academias de inglés. En cuanto a Madrid, advirtió que en la demanda estaban incluidos más de 20.000 alumnos, "pero dado que no todos estuvieron personados fue muy difícil determinarlo a ciencia cierta". Asimismo, anunció que una vez dictada la sentencia, en el caso de que fuese favorable y si los bancos no recurrían, los alumnos podrían recuperar las cantidades que pagaron cuando dejaron de recibir las clases. Herrero también señaló que desde el inicio del conflicto, ADICAE criticó "duramente" la posición de las autoridades y de los bancos y cajas implicados "que se negaron a sentarse a dialogar y a obtener algún tipo de solución razonable y lógica conforme a lo que la Ley establece". De este modo, aseguró que fue el momento de exigir a los bancos "el abandono de posturas vergonzosas de desprecio a los usuarios".

Finalmente, advirtió a los consumidores que no estuvieran defendidos por alguna asociación que no tirasen ningún documento que les acreditase como alumnos de las academias porque a través de la extensión de los efectos de la sentencia, todos ellos podrían obtener "el respeto a sus derechos, la devolución de las cantidades pagadas por esos préstamos". En julio de 2002 el Grupo CEAC presentó suspensión de pagos de sus dos filiales, Opening English, de enseñanza de inglés, y Aidea, de enseñanza de informática, que operaban en España con un pasivo global de 121,4 millones de euros.