Madrid. MDO
Varios miles de personas se concentraron el 22 de enero en la madrileña calle de Alcalá en respuesta a la convocatoria de diversas asociaciones y organizaciones sociales en apoyo a las víctimas del terrorismo y a la que asistieron varios dirigentes políticos, incluidos el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El ministro de Defensa, José Bono, fue el triste protagonista de una marcha que se vio obligado a abandonar después de que varios asistentes a la misma le recibieran con gritos, insultos e incluso llegaran a agredirle.

Con la presencia del secretario general del PP, Ángel Acebes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se desarrolló la manifestación bajo el lema 'Memoria, dignidad y justicia con las víctimas'. Numerosos asistentes portaron banderas españolas, tanto delante como detrás de la cabecera de la marcha, que estuvo presidida por una pancarta en la que pudo leerse la frase: 'Comprometidos con las víctimas del terrorismo'. La manifestación transcurrió entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol y la mayor parte del recorrido estuvo ocupado por completo por los manifestantes. Sin embargo, uno de los asistentes, el ministro de Defensa, José Bono, fue el triste protagonista de esta marcha ya que se vio obligado a abandonar la manifestación después de que varios participantes en la misma le recibieran con gritos, insultos e incluso llegaran supuestamente a agredirle.

Tres días más tarde de esta supuesta agresión, la declaración del Secretario general del PP en Las Rozas, Javier Espadas, identificando a dos militantes de su partido, Isidoro Barrios y Maria Antonia de la Cruz, entre los manifestantes que aparecieron en las fotografías de prensa cuando el ministro de Defensa, José Bono, fue agredido levantó una auténtica polvareda política. La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Ruth Porta, pidió la expulsión de los populares de su partido, y acusó al PP de una "manipulación orquestada". Por su parte, la Brigada de Información de la Policía interrogó a Barrios durante poco más de una hora y media en presencia de su abogado tras ser identificado por la policía gracias a las imágenes de la marcha. Previamente, la policía le detuvo en su domicilio sobre las 12.00 horas y le trasladó a comisaría dentro de las diligencias abiertas tras la supuesta agresión al ministro. También prestó declaración De la Cruz durante alrededor de 40 minutos. Ambos fueron puestos en libertad.

Ante estos hechos, se abrió una causa por la supuesta agresión al ministro de Defensa así como una querella por la detención de los dos militantes del PP. En las mismas fechas, el secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, reconoció haber dado instrucciones para que sus militantes supieran que el PP apoyaba la manifestación convocada contra el terrorismo, aunque aclaró que los términos en los que se transmitió la orden no fueron redactados por él. Granados se refirió así a una carta que publicó el diario El País, firmada por el secretario del área de distritos, Ángel Garrido, en la que se pedía la movilización "para expresar nuestro rechazo a las acciones del Gobierno socialista". En junio, José Bono decidió personarse en el procedimiento abierto por la presunta agresión que sufrió. Sin embargo, a mediados de ese mismo mes, el juez de instrucción número 42 de Madrid archivó la causa seguida por esta supuesta agresión en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

En lo referente a la querella por la detención de los dos militantes del PP, unos días más tarde de archivarse la causa por la supuesta agresión a Bono, el Partido Popular pidió la declaración ante el juez del propio ministro de Defensa, del escolta que le acompañaba y que presentó un parte de lesiones, y del médico que firmó ese parte. Esta petición se hizo constar en el escrito de acusación en el Juzgado 14, ante cuyo titular declararon ya en calidad de imputados el comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid y un inspector de Policía que actuó como secretario del atestado policial. También comparecieron como imputados en esta causa el inspector jefe de Policía que interrogó a los dos afiliados y en calidad de testigo el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño. Además, el pasado 13 de mayo una comisión judicial y los abogados personados en la causa se desplazaron hasta la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid para que declararan también como testigos el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, y el jefe del Grupo de Conflictividad Social.

A mediados de abril comenzará el juicio oral
Tras esta diligencia, el PP amplió la denuncia a los presuntos delitos de prevaricación y falso testimonio y acusó a Méndez de haber recibido instrucciones para detener a los dos militantes, aún sabiendo que los hechos no eran ciertos, lo que éste negó. El dos de diciembre la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid apreció "indicios más que suficientes" de delito en la actuación de los policías denunciados por detención ilegal de los dos militantes del PP. Así lo consideró el tribunal en el auto con el que desestimó los recursos de los tres policías imputados por presunta detención ilegal de los dos militantes del PP de Las Rozas. La sala cree pertinente la apertura de juicio oral ya que se puede "sostener a nivel indiciario la implicación de los tres imputados" en los delitos de detención ilegal y falsedad de documento público.

El pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Madrid había solicitado ante el juez de instrucción número 14 de la capital el archivo de las actuaciones seguidas contra los policías, al considerar que no existía ni delito de detención ilegal, ni delito de falsedad. Los tres policías recurrieron contra la decisión del citado juez de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que implicaba continuar el proceso y que se pudiera abrir juicio oral, sin que se hubieran practicado una serie de pruebas que ellos reclamaban, como la declaración de testigos o el visionado de los vídeos sobre los incidentes. Con ellas, los recurrentes pretendían demostrar que no existen indicios sobre una actuación delictiva por su parte, por lo que solicitaban el archivo de la causa y que ésta no pasase de la fase de diligencias previas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid consideró a primeros de diciembre que no cabe acceder a la práctica de esas pruebas reclamadas pues, "o bien no son necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos, o bien ya se han practicado", quedando siempre la posibilidad de que las defensas las soliciten en posteriores fases procesales.

En cuanto a la necesidad de justificar por qué delito continúan las actuaciones, la sala dejó claro que en esta fase "no juzga los hechos sino que se limita a comprobar la existencia de indicios". En ese sentido, el auto afirma que "estos indicios existen en esta fase procesal", ya que los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, fueron de hecho detenidos. Por tanto, la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado los días 18, 19, 20, 24, 25 y 27 de abril de 2006 para que comiencen las sesiones de juicio oral contra los tres policías acusados de detención ilegal de dos militantes del Partido Popular.