Madrid. MDO
Las
prostitutas se manifestaban el 27 de noviembre por las calles
del centro de Madrid para denunciar la política de "acoso"
del Gobierno municipal. Unas semanas antes el propio alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón aseguraba que el
Ayuntamiento no se planteaba penalizar a las meretrices, a
diferencia del Consistorio barcelonés,
porque "ellas son las víctimas". Sin embargo,
los vecinos y comerciantes de la zona de Montera, que también
se sienten víctimas, decidieron no iluminar en Navidad
la calle Montera como medida de protesta con la degradación
del barrio.
En diciembre,
los comerciantes de las calles de Montera y aledañas, que
cada Navidad sufragan los gastos de la iluminación del barrio,
decidideron no engalanar la vía pública como medida de protesta
ante la situación de "degradación" que, a su juicio, "soporta
este emblemático lugar madrileño al estar tomado por la prostitución
y por las obras". Era el broche final a un año en el
que a prostitución también tuvo su protagonismo.
A finales de
noviembre noviembre más de un centenar de prostitutas se manifestaba
en el centro de Madrid para denunciar la política de "hostigamiento"
y "acoso" del Gobierno municipal, al que exigían el
establecimiento de zonas de libre ejercicio donde trabajar.
Convocadas por el colectivo Hetaira, decenas de prostitutas,
muchas de ellas con la cara cubierta con caretas de cartón
y máscaras recorrieron la calle de Montera desde la Red de
San Luis hasta llegar a la Puerta del Sol.
La portavoz de Hetaira, Carolina Garaizábal, aseguraba "estar
harta" de que a las prostitutas se les impida trabajar, al
tiempo que recordó que "en este país ni comprar ni vender
sexo es ningún delito" Para la portavoz de Hetaria la lucha
contra las mafias de la prostitución es "una excusa para perseguir
a las que trabajan por su cuenta", con lo que, a su juicio,
el objetivo del ayuntamiento de Madrid es "criminalizar la
prostitución de calle que es la que se ve y molesta". Al
término de la manifestación, la portavoz de Hetaira leyó
un comunicado en el que se denunciaba que, con la política
de acoso al cliente, el Ayuntamiento pretende "esconder el
fracaso total y absoluto de su plan contra la esclavitud sexual"
o de los cierres de tráfico en la Casa de Campo.
Y es que las meretrices no opinan como el alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, quien unas semanas antes de la manifestación
explicaba que el Ayuntamiento "actuará
con dureza con quien contrate sus servicios así como
con los proxenetas, que trafican con mujeres, a los que las
explotan, y a los que se lucran con esa explotación",
y no contra las prostitutas, que son las "víctimas".
El regidor era contundente en su valoración del proyecto
de ordenanza barcelonesa de castigar a las prostitutas y recordaba
que "aunque hemos sido pioneros y no siempre comprendidos,
dar opciones a las mujeres para que abandonen la prostitución
será siempre nuestro método".
A
las continuas peticiones del carnet de identidad o el pasaporte
a las prostitutas y a los clientes que entablan conversación
con ellas en la zona de Montera, el Ayuntamiento sumó
la restricción nocturna del tráfico en la Colonia
Marconi en el
distrito de Villaverde salvo para los residentes, sus familiares
y trabajadores del Polígono Industrial, y que se puso en práctica
en agosto. Para ello el ayuntamiento concedió 3.100
tarjetas de acceso a la colonia para los vehículos de residentes
y empleados para circular por este área de once de
la noche a seis de la mañana.
La política municipal en este asunto
también sufrió otro encontronazo, esta vez con
la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, partidaria de
legalizar la prostitución. A principios de año
la concejala de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento
de Madrid, Ana Botella, reconocía sus discrepancias con
la opinión de la presidenta regional, y anunciaba la celebración
de un seminario dentro del PP para abordar el tema así
como el nuevo concurso convocado para gestionar la unidad
móvil de apoyo a las mujeres prostitutas de la zona centro,
así como el fallo del concurso convocado para la gestión
de un centro de día de atención a mujeres prostituidas, a favor
de Cáritas.
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