No recoge ningún detalle sobre la financiación de la ciudad

Madrid. MDO
Gallardón e Ignacio González, frente a Jordi Sevilla/ foto: JPHEl 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la esperada Ley de Capitalidad si bien el texto que tendrán que debatir las Cortes no oncluye financiación ni nuevas competencias. Dos días antes, Gobierno Central, Comunidad y Ayuntamiento firmaban el texto definitivo tras un año de debate.

El texto definitivo que firmaron Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento el miércoles 21 no dota a Madrid con un euro más de los que ya tuviera adjudicados. Se renunció al debate de la financiación "porque Madrid no es menos capital por el hecho de que esta ley no recoja su financiación como Cataluña no deja de ser más Comunidad Autónoma por el hecho de que su financiación se regule en una ley, como es la LOFCA, común para todas las comunidades autónomas", tal y como justificó el Alberto Ruiz-Galardón.

Administración central, Comunidad y Ayuntamiento defendieron conjuntamente un texto que "deja fuera algunas cuestiones que a algunos nos gustaría que hubieran estado pero que en aras de ese acuerdo no ha sido posible", según el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González. El texto resumido en 55 artículos "pone a Madrid a la vanguardia porque ninguna ciudad europea tiene ley de capitalidad y ley especial", según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. "La ley sirve para atender las aspiraciones del Estado, Comunidad y Ayuntamiento; es respetuosa con el marco competencial, institucional y financiero y nos permite avanzar para conseguir que Madrid tenga un régimen mejor desde el punto de de su especialidad y capitalidad", explicó, por su parte, Ignacio González.

Juan Bravo, flaqueado por Inés Sabanés y Trinidad Jiménez/ Foto: JLJAlberto Ruiz-Gallardón destacó que la ley "crea un estatus nuevo desde la cooperación, con respeto escrupuloso a las competencias de cada una de las administraciones. Esto es lo que quería Madrid, lo que nosotros hemos demandado y ofrecido y pone la ciudad de Madrid al servicio de todos los españoles, porque no solamente nos da derechos sino que afortunadamente nos da deberes y obligaciones ante todos los españoles". "Aunque no está todo lo que queríamos. dijo Gallardón- la Ley no cierra ninguna puerta. Se ha hablado mucho de la financiación y de la ausencia de una referencia especial a la financiación. Cataluña no deja de ser más Comunidad Autónoma por el hecho de que su financiación se regule el la LOFCA en una Ley General para todas las Comunidades Autónomas. Como no lo deja de ser la Comunidad Valenciana ni la Comunidad de Madrid. Madrid no deja de ser capital por el hecho de que el debate pendiente de la financiación se lleve a la discusión en la que participarán el resto de grandes municipios cuando hablemos de financiación en la reforma de la Ley de Haciendas Locales".

Sin embargo, en enero, cuando empezaron las negociaciones con el Estado, las aspiraciones del ayuntamiento de Madrid habían sido otras muy distintas. En julio el alcalde aseguraba que "La Ley encauza las pretensiones económicas de la ciudad a lo conveniente del momento". En aquella ocasión dijo que el nuevo sistema de financiación permitiría incrementar los presupuestos sin elevar la presión fiscal de los madrileños. "Pagamos menos impuestos que muchas ciudades y pretendo que siga siendo así", prometió entonces. Ruiz-Gallardón aseguró que la Ley de Madrid seguiría una tramitación paralela a la Carta Municipal de Barcelona, aprobada en julio y reconoció que habían utilizado la Carta de Barcelona como referencia en el texto de Madrid.

A pesar de estas intenciones, las negociaciones prosiguieron sin llegar a nuevos acuerdos. En noviembre el Gobierno regional admitió que La Ley de Capitalidad que había recibido del Gobierno no coincidía con el texto acordado hace meses. Según el vicepresidente regional, Ignacio González este nuevo texto "viene a dilatar un proceso ya muy avanzado" ya que el borrador es "totalmente distinto" del que pactaron el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional. "De una primera lectura rápida" del último borrador "no estamos de acuerdo con ese nuevo texto" pues "vuelve a plantear cosas que ya estaban resueltas en el texto anterior". Añadió que "lo vamos a estudiar", pero mostró su oposición al nuevo texto planteado por el Ministerio, que, entre otras cosas, permite la participación del Consistorio en la gestión del aeropuerto de Barajas y los trenes de Cercanías.

El vicepresidente primero recordó que el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, "siguiendo el proceso normal -recalcó- de tramitación de estas leyes", habían alcanzado un acuerdo sobre un texto y lo habían remitido "al Ministerio y todos los grupos de la oposición" a principios de verano, y que él remitió además dos cartas en septiembre "reiterando" tal propuesta. Finalmente el texto salió adelante en diciembre a costa de la renuncia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a algunas peticiones para la Ley.