Madrid. MDO
El
23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó la esperada
Ley de Capitalidad si bien el texto que tendrán que debatir
las Cortes no oncluye financiación ni nuevas competencias.
Dos días antes, Gobierno Central, Comunidad y Ayuntamiento
firmaban el texto definitivo tras un año de debate.
El
texto definitivo que firmaron Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento
el miércoles 21 no dota a Madrid con un euro más de los
que ya tuviera adjudicados. Se renunció al debate de
la financiación "porque Madrid no es menos capital por el hecho
de que esta ley no recoja su financiación como Cataluña no deja
de ser más Comunidad Autónoma por el hecho de que su financiación
se regule en una ley, como es la LOFCA, común para todas las
comunidades autónomas", tal y como justificó el Alberto
Ruiz-Galardón.
Administración central, Comunidad y Ayuntamiento defendieron
conjuntamente un texto que "deja fuera algunas cuestiones que
a algunos nos gustaría que hubieran estado pero que en aras
de ese acuerdo no ha sido posible", según el vicepresidente
del Ejecutivo regional, Ignacio González. El texto resumido
en 55 artículos "pone a Madrid a la vanguardia porque ninguna
ciudad europea tiene ley de capitalidad y ley especial", según
el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. "La
ley sirve para atender las aspiraciones del Estado, Comunidad
y Ayuntamiento; es respetuosa con el marco competencial, institucional
y financiero y nos permite avanzar para conseguir que Madrid
tenga un régimen mejor desde el punto de de su especialidad
y capitalidad", explicó, por su parte, Ignacio González.
Alberto
Ruiz-Gallardón destacó que la ley "crea un estatus nuevo
desde la cooperación, con respeto escrupuloso a las competencias
de cada una de las administraciones. Esto es lo que quería Madrid,
lo que nosotros hemos demandado y ofrecido y pone la ciudad
de Madrid al servicio de todos los españoles, porque no solamente
nos da derechos sino que afortunadamente nos da deberes y obligaciones
ante todos los españoles". "Aunque no está todo lo que
queríamos. dijo Gallardón- la Ley no cierra ninguna puerta.
Se ha hablado mucho de la financiación y de la ausencia de una
referencia especial a la financiación. Cataluña no deja de ser
más Comunidad Autónoma por el hecho de que su financiación se
regule el la LOFCA en una Ley General para todas las Comunidades
Autónomas. Como no lo deja de ser la Comunidad Valenciana ni
la Comunidad de Madrid. Madrid no deja de ser capital por el
hecho de que el debate pendiente de la financiación se lleve
a la discusión en la que participarán el resto de grandes municipios
cuando hablemos de financiación en la reforma de la Ley de Haciendas
Locales".
Sin embargo, en enero, cuando empezaron las negociaciones
con el Estado, las aspiraciones del ayuntamiento de Madrid habían
sido otras muy distintas. En julio el
alcalde aseguraba que "La Ley encauza las pretensiones
económicas de la ciudad a lo conveniente del momento".
En aquella ocasión dijo que el nuevo sistema de financiación
permitiría incrementar los presupuestos sin elevar la
presión fiscal de los madrileños. "Pagamos
menos impuestos que muchas ciudades y pretendo que siga siendo
así", prometió entonces.
Ruiz-Gallardón aseguró que la Ley de Madrid seguiría
una tramitación paralela a la Carta Municipal de Barcelona,
aprobada en julio y reconoció que habían utilizado
la Carta de Barcelona como referencia
en el texto de Madrid.
A
pesar de estas intenciones, las negociaciones prosiguieron sin
llegar a nuevos acuerdos. En noviembre el
Gobierno regional admitió que La Ley de Capitalidad que
había recibido del Gobierno no coincidía con el
texto acordado hace meses. Según el vicepresidente regional,
Ignacio González este nuevo texto "viene a dilatar
un proceso ya muy avanzado" ya que el borrador es "totalmente
distinto" del que pactaron el Ayuntamiento de la capital y el
Gobierno regional. "De
una primera lectura rápida" del último borrador "no estamos
de acuerdo con ese nuevo texto" pues "vuelve a plantear cosas
que ya estaban resueltas en el texto anterior". Añadió que "lo
vamos a estudiar", pero mostró su oposición al nuevo texto planteado
por el Ministerio, que, entre otras cosas, permite la participación
del Consistorio en la gestión del aeropuerto de Barajas y los
trenes de Cercanías.
El vicepresidente primero
recordó que el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de
la capital, "siguiendo el proceso normal -recalcó- de tramitación
de estas leyes", habían alcanzado un acuerdo sobre un
texto y lo habían remitido "al Ministerio y todos los
grupos de la oposición" a principios de verano, y que él remitió
además dos cartas en septiembre "reiterando" tal propuesta.
Finalmente el texto salió adelante en diciembre a costa
de la renuncia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento
a algunas peticiones para la Ley.
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