Madrid. MDO
"El nerviosismo de Zapatero nos dice que no lo estamos haciendo mal". Así de contundente se mostró la presidenta regional, Esperanza Aguirre en sus dos primeros años de Gobierno. 2005 fue un año de discusiones en el que la Comunidad y el Gobierno central no consiguieron ponerse de acuerdo. Las discrepancias derivaron prinicipalmente de la financiación. Aguirre reclamó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sufragara a la Comunidad por el aumento de la población, así como que diera una justificación por el recorte de casi 250 millones de euros de euros en la en la liquidación del Sistema de Financiación de 2003. La presidenta consiguió que el déficit sanitario no se financiara con una subida de impuestos pero consideró "insuficientes y poco significativas" las nuevas inversiones previstas en la región en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006.

Las tensiones entre la Comunidad y el Gobierno central continuaron durante 2005. Tras dos años de Gobierno, la presidenta regional se mostró satisfecha y con la sensación de que "no lo estamos haciendo mal". "La atención que nos presta siempre la cúpula del PSOE" y "el nerviosismo del presidente del Gobierno" son para Aguirre "la mejor demostración" de que pasa el ecuador de la legislatura con buena nota.

El primer escollo entre Gobierno y Comunidad vino derivado del gasto en inmigración. Así, el director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid, Carlos Clemente, denunció en la Asamblea que el Gobierno central sólo destinaba un euro al año a la integración de cada uno de los inmigrantes que llegan a la región, lo que, a su juicio, demostraba que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero "va y actúa contra la inmigración y no se preocupa de ella". La Comunidad, reclamó por ello, al PSOE los 500 millones que consideraba necesarios para hacer frente al proceso de regularización de inmigrantes que empezó en febrero.

La seguridad en la región también fue un asunto polémico. El vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, pidió más inversiones y más agentes policiales para mejorar los índices de seguridad en la región. El ministro, José Antonio Alonso, aseguró que las policías locales y "fundamentalmente" las autonómicas podrían tener acceso "inmediato" a distintos sistemas de Policía Científica, además de a datos operativos sobre investigaciones que se siguieran contra las mafias de la droga.

La decisión de Zapatero de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona no fue tampoco del agrado del Gobierno regional, que presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, al considerar que este hecho "genera evidentes perjuicios a trabajadores" y operadores.

Por otro lado, el consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, reclamó a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, la transferencia a la Comunidad de Madrid de la gestión de los museos Cerralbo, Romántico y Sorolla. Fisas dijo que la ministra no le había dado plazos ni "ninguna respuesta concreta, pero sí esperanzadora" a la petición de asumir la gestión de los museos, y precisó además que la voluntad del Gobierno madrileño es que le sea transferida la gestión, pero no la titularidad, mientras que Calvo sostiene que "es mejor tener titularidad y gestión para evitar disfunciones". Finalmente, en octubre fue aprobada una moción del Partido Popular en el Senado por la que la Comunidad de Madrid pasará a gestionar los museos Cerralbo, Romántico y Sorolla en primavera.

Asimismo, la Comunidad entiendió que el Estado le adeudaba 1.414 millones de euros porque, dice, desde el año 1999 la población madrileña había crecido en 660.000 habitantes. El Gobierno regional reclamó una revisión de los porcentajes que recibe Madrid, comunidad que según ha recordado el vicepresidente regional es la que más aporta al fondo de suficiencia español. Según Esperanza Aguirre, sólo en el último año el Estado había dejado de aportar a la Comunidad de Madrid 3.000 millones de euros.

Pero además, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Asamblea en la que pidió al Gobierno de la Comunidad que instara al Ejecutivo central a cumplir el compromiso de incrementar la plantilla de inspectores de Trabajo y Seguridad Social en la región. La petición se basaba en que el II Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 2004-2007, actualmente en fase de ejecución, establece la necesidad de difundir e implantar la cultura de la prevención e implicar en ello a todos los agentes sociales. La proposición señalaba que la Comunidad de Madrid es actualmente "uno de los entornos laborales más seguros del país", a pesar de lo cual recordaba que la Constitución atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, así como corregir y sancionar las conductas infractoras.

Financión sanitaria e impuestos
Otra de las pugnas fue por el déficit sanitario que, según acordó la Comumidad de Madrid, no sería financiado con subida de impuestos. La presidenta adelantó que no iba a aceptar subir los impuestos para financiar el déficit sanitario e insistió en que el Estado debía pagar a la Comunidad de Madrid por el aumento de la población sufrido desde que se recibieron las competencias sanitarias. El rechazo de los populares fue tildado por el ministro Solbes de "enormemente cínico". Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, exigió a Aguirre "acordar con el Gobierno de España la mejora de la financiación en la Sanidad y mejorar la calidad del sistema sin elevar los impuestos".

La Comunidad de Madrid, al igual que el resto de las regiones gobernadas por el PP, se abstuvo en la votación que tuvo lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación sanitaria al considerar que la propuesta presentada por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, es "absolutamente insuficiente". No obstante, tras la II Conferencia de Presidentes, Aguirre opinó que los 500 millones de euros de presupuesto que ofrecía el Gobierno para Madrid eran insuficientes para paliar el déficit de la sanidad pública provocado por el fuerte crecimiento de la población madrileña, pero, dijo, "a caballo regalado, no le mires el diente".

Por otro lado, el Gobierno madrileño se mostró contrario al recorte de casi 250 millones de euros en la liquidación del Sistema de Financiación de 2003, por lo que exigió al Ministerio de Economía que subsane "este error". Por ello, un grupo de trabajo entre el Gobierno regional y el Ministerio de Hacienda inició los estudios para saber por qué la Comunidad de Madrid recibió 236 millones de euros menos en concepto de liquidación de impuestos del Estado correspondientes al año 2003. Así lo decidieron Esperanza Aguirre y Pedro Solbes en la reunión, en la que ambos coincidieron en que había un error en la liquidación de impuestos. El ministro apuntó a posibles "diferencias" en la "renta del trabajo", pero preferió no adelantar ninguna razón.