Madrid. MDO
La
sala de fiestas Adraba, antigua Alcalá 20, donde en 1983 fallecieron
82 personas en un incendio, no pudo reabrir sus puertas en
diciembre, como tenían previsto sus nuevos propietarios. El
juez decidió que el local no podrá funcionar hasta que disponga
de una licencia del Ayuntamiento. Y éste, a su vez, advirtió
que no se la dará hasta que realice unas obras de remodelación
para adecuarse a la normativa. Según el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz Gallardón,el establecimiento "no es seguro".
Adraba abrió sus puertas el día 30 de noviembre, gracias
a una orden judicial que suspendía provisionalmente la orden
municipal de cese de actividad y precinto del local. Sin embargo,
el Ayuntamiento la recurrió por considerar las salidas de
emergencias no adecuadas y los sótanos demasiado profundos
y el juez decidió desautorizar la apertura.
Un juzgado de Madrid dictó el 30 de
noviembre un auto por el que permitía abrir la discoteca Adraba,
antigua Alcalá 20. El escrito judicial suponía la suspensión
provisional de la resolución de la Junta Municipal de Centro,
dictada el 28 de noviembre, que acordaba el cese de la actividad
y el precinto inmediato del local. El concejal del distrito
de Centro, Luis Asúa Brunt (PP), afirmó entonces que la discoteca
incumplía las medidas de seguridad. La empresa fSmgroup
emitió un comunicado en el que anunciaba para esa noche la
reapertura de la discoteca, gracias a la resolución judicial
que le facultaba para ello.
El
primer intento de reabrir la conocida discoteca se produjo
tres días antes de la fecha prevista por los directivos de
la empresa, el 1 de diciembre. Sin embargo, no pudieron hacerlo
porque poco antes de la inauguración tres funcionarios y tres
policías municipales se presentaron en el local y entregaron
a sus dueños una orden de "cese inmediato de actividad y precinto
inmediato". La discoteca Alcalá 20 sufrió el 17 de diciembre
de 1983 un incendio en el que murieron 81 personas. Las llamas
incontroladas producidas por un cortocircuito y la carencia
de las mínimas medidas de seguridad convirtieron esta discoteca
en una trampa mortal para los numerosos clientes que había
en ella. Silencio administrativo La empresa fSmgroup se hizo
cargo del local hace tres años y de la reforma del mismo,
que ha costado tres millones de euros.
Los propiuestarios del local contrargumentaron. "El local
tiene licencia de actividad desde julio de 2003 y tiene también
el informe favorable de Protección Civil, que se hizo con
las máximas garantías. Lo firmó una comisión de tres técnicos,
cuando lo normal es que sólo actúe un inspector. En julio
pedimos la licencia de funcionamiento y no entendemos por
qué no se concede ya. Así que nos acogemos al silencio administrativo
y vamos a abrir el día 1", comentó el 22 de noviembre el abogado
de la compañía, Jorge Morales. El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró dos días después que, si la discoteca
abría sin tener la preceptiva licencia de funcionamiento,
estaría "fuera de la ley".
Entre los problemas detectados por el Ayuntamiento, estaban
que los servicios se sitúan en un sótano, a más de
cinco metros de la salida de emergencia más próxima, cuando
la normativa establece que ninguna zona estancial debe estar
a más de cuatro metros. En segundo lugar, hallaron que dos
de las tres salidas, aunque parten de puntos distintos de
la sala, confluyen en el mismo: la salida principal a la calle
de Alcalá. "Si se declarase un incendio en esa zona y quedaran
inutilizadas esas dos puertas, todo el mundo tendría que salir
por la tercera. Y ésta creemos que no es suficientemente ancha",
comentó Asúa. Finalmente la sala no pudo
reabrir sus puertas. El juez decidió que el local no podrá
funcionar hasta que disponga de una licencia del Ayuntamiento.
Y éste, a su vez, advirtió que no se la dará hasta que realice
unas obras de remodelación para adecuarse a la normativa.