El Ayuntamiento no da la licencia por problemas de seguridad


Madrid. MDO
La sala de fiestas Adraba, antigua Alcalá 20, donde en 1983 fallecieron 82 personas en un incendio, no pudo reabrir sus puertas en diciembre, como tenían previsto sus nuevos propietarios. El juez decidió que el local no podrá funcionar hasta que disponga de una licencia del Ayuntamiento. Y éste, a su vez, advirtió que no se la dará hasta que realice unas obras de remodelación para adecuarse a la normativa. Según el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón,el establecimiento "no es seguro". Adraba abrió sus puertas el día 30 de noviembre, gracias a una orden judicial que suspendía provisionalmente la orden municipal de cese de actividad y precinto del local. Sin embargo, el Ayuntamiento la recurrió por considerar las salidas de emergencias no adecuadas y los sótanos demasiado profundos y el juez decidió desautorizar la apertura.

Un juzgado de Madrid dictó el 30 de noviembre un auto por el que permitía abrir la discoteca Adraba, antigua Alcalá 20. El escrito judicial suponía la suspensión provisional de la resolución de la Junta Municipal de Centro, dictada el 28 de noviembre, que acordaba el cese de la actividad y el precinto inmediato del local. El concejal del distrito de Centro, Luis Asúa Brunt (PP), afirmó entonces que la discoteca incumplía las medidas de seguridad. La empresa fSmgroup emitió un comunicado en el que anunciaba para esa noche la reapertura de la discoteca, gracias a la resolución judicial que le facultaba para ello.

El primer intento de reabrir la conocida discoteca se produjo tres días antes de la fecha prevista por los directivos de la empresa, el 1 de diciembre. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque poco antes de la inauguración tres funcionarios y tres policías municipales se presentaron en el local y entregaron a sus dueños una orden de "cese inmediato de actividad y precinto inmediato". La discoteca Alcalá 20 sufrió el 17 de diciembre de 1983 un incendio en el que murieron 81 personas. Las llamas incontroladas producidas por un cortocircuito y la carencia de las mínimas medidas de seguridad convirtieron esta discoteca en una trampa mortal para los numerosos clientes que había en ella. Silencio administrativo La empresa fSmgroup se hizo cargo del local hace tres años y de la reforma del mismo, que ha costado tres millones de euros.

Los propiuestarios del local contrargumentaron. "El local tiene licencia de actividad desde julio de 2003 y tiene también el informe favorable de Protección Civil, que se hizo con las máximas garantías. Lo firmó una comisión de tres técnicos, cuando lo normal es que sólo actúe un inspector. En julio pedimos la licencia de funcionamiento y no entendemos por qué no se concede ya. Así que nos acogemos al silencio administrativo y vamos a abrir el día 1", comentó el 22 de noviembre el abogado de la compañía, Jorge Morales. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró dos días después que, si la discoteca abría sin tener la preceptiva licencia de funcionamiento, estaría "fuera de la ley".

Entre los problemas detectados por el Ayuntamiento, estaban que los servicios se sitúan en un sótano, a más de cinco metros de la salida de emergencia más próxima, cuando la normativa establece que ninguna zona estancial debe estar a más de cuatro metros. En segundo lugar, hallaron que dos de las tres salidas, aunque parten de puntos distintos de la sala, confluyen en el mismo: la salida principal a la calle de Alcalá. "Si se declarase un incendio en esa zona y quedaran inutilizadas esas dos puertas, todo el mundo tendría que salir por la tercera. Y ésta creemos que no es suficientemente ancha", comentó Asúa. Finalmente la sala no pudo reabrir sus puertas. El juez decidió que el local no podrá funcionar hasta que disponga de una licencia del Ayuntamiento. Y éste, a su vez, advirtió que no se la dará hasta que realice unas obras de remodelación para adecuarse a la normativa.