Madrid. MDO
Tras una carta remitida en mayo para solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, Esperanza Aguirre tuvo al fin el esperado encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero el primer día del mes de agosto en un año marcado por los agravios que, según la presidenta regional, se repitieron constantemente desde Moncloa en cuestiones relacionadas con Madrid a pesar que el Gobierno central no se cansó de repetir que la región madrileña siempre había sido una de sus principales prioridades. El encuentro fue calificado de "provechoso" por ambas partes destacando el compromiso por parte del Gobierno central de estudiar la prolongación de la R-3 para paliar en la medida de lo posible los atascos hacia la costa valenciana que se producen cada vez que los madrileños salen de vacaciones hacia el litoral mediterráneo. La sequía y la financiación sanitaria fueron los otros asuntos del día.

Más de dos horas de reunión sirvieron para acercar posturas entre Aguirre y Zapatero en la segunda reunión entre ambos dirigentes en un año. De hecho, la presidenta regional alababa la actitud de Zapatero, "muy interesado en todos los temas que le proponía". El primer asunto tratado en el encuentro fue el de la financiación autonómica en el que la Comunidad siempre se había mostrado su sorpresa y malestar porque el Ejecutivo central redujera 250 millones de la liquidación del IRPF y del IVA para Madrid, siendo la región "una de las locomotoras de la economía española", como comentaba Aguirre. Ante ello, Zapatero fijó una reunión entre la presidenta regional con el ministro de Economía, Pedro Solbes, para tratar entre ambos este asunto en el mes de septiembre. En dicho encuentro, ambos coincidirían en que había un error en la liquidación de impuestos y acordaron crear un grupo de trabajo que estudiaría hasta final de de año por qué la Comunidad de Madrid recibía menos dinero en concepto de liquidación de impuestos del Estado correspondientes al año 2003.

En el apartado de infraestructuras, preocupaba la situación que se vive en cada periodo vacacional, como el último puente de Santiago, en el que los madrileños que viajan al litoral valenciano se ven obligados a pasar varias horas extra en la carretera, concretamente en la autovía de Valencia, hasta llegar a su destino. Para paliar esas retenciones, Zapatero, que también se autodenominó "sufridor de la A-3", se comprometió a que Fomento estudiaría la prolongación de la radial R-3 a partir de Tarancón, población a la que llegaría financiada por la Comunidad de Madrid. Además, se estudiarían otras medidas como el desdoblamiento de la A-3 o la creación de una vía alternativa entre la carretera de Andalucía y la de Valencia que no sería de peaje.

Aguirre también destacó que el "tren de alta velocidad podría solucionar en parte este problema" aunque, aún así, planteó que "no tiene sentido" que se produzcan constantemente este tipo de atascos y que la DGT "no tenga en cuenta" las festividades de la Comunidad para la implantación y uso de carriles adicionales. Además, en materia de infraestructuras, Zapatero prometió que la nueva terminal del aeropuerto de Barajas, la T-4, estaría lista en diciembre. También se trató el tema de las Cercanías ferroviarias sobre las que Aguirre anunció que, si bien no está prevista su transferencia completa a la Comunidad de Madrid, las inversiones "se decidirían conjuntamente entre Fomento y el Gobierno regional".

El tercer gran asunto fue el de la sequía, problema que tenía preocupada a la presidenta madrileña. En ese sentido, José Luis Rodríguez Zapatero la tranquilizó asegurando que "el Gobierno garantizaba el abastecimiento de agua para Madrid", afirmación que a la propia Aguirre, según confesó, la "había desarmado". Por último, se trató la financiación sanitaria. A este respecto, Zapatero solicitó a Esperanza Aguirre su apoyo para el nuevo sistema que presentaría el Gobierno central a todas las Comunidades en la reunión de presidentes autonómicos de septiembre, apoyo que finalmente no se produciría ya que Aguirre consideraba insuficiente la inversión del Ejecutivo central para paliar el déficit de la sanidad pública madrileña.