Según el defensor, Enrique Múgica, en su informe, la investigación sobre la situación de estos juzgados se inició con la denuncia de la Asociación Española de Abogados de Familia, en el que se comunicaba el estado de colapso que padecían esos juzgados, en aquel momento. "Ponían en conocimiento del Defensor del Pueblo que las medidas provisionales eran decididas como término medio entre siete y ocho meses después de haber sido solicitadas y que el primer acto del trámite judicial de liquidación de la sociedad legal de gananciales se fijaba al año siguiente de haberse instado", recuerdó Múgica.

Según la información remitida desde el Consejo General del Poder Judicial, en el mes de febrero de 2003, "se acordó crear un equipo de refuerzo para cada uno de esos juzgados que actuaría como juzgado bis, por un periodo inicial de seis meses y en horario de tarde", pero "no se llegaron a constituir a lo largo de todo el año 2003". "Desde el Ministerio de Justicia, se reconoció que estos juzgados superaban con exceso los módulos de trabajo fijados por el Consejo General del Poder Judicial, y se informaba de que a finales de 2003 se crearían dos nuevos juzgados de familia para la ciudad, lo cual ya se ha producido", recogió en su informe.

Múgica consideró "preocupantes" las cifras de asuntos registrados, resueltos y pendientes durante 2003 en estos juzgados, "que no incluyen los procedimientos relacionados con la fase de ejecución ni los de jurisdicción voluntaria, que en el caso de los juzgados de familia suelen ser muy numerosos", aseveró el informe. El módulo de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial es de mil procedimientos registrados por juzgado y año, según Múgica, pero algunos de estos juzgados llegaron a rondar e incluso superar en 2003 los 1.700 casos.

"El único dato positivo de las cifras expuestas, es el que se refiere a la capacidad de trabajo de los ocho magistrados y magistradas que están al frente de esos juzgados, ya que todos ellos han superado en exceso en los asuntos resueltos los mil procedimientos", subrayó Múgica, quien afirmó "procede reconocer y poner de manifiesto la excelente labor realizada por todos los profesionales que desarrollan su trabajo en esos juzgados". Múgica puso también de manifiesto "el terrible sentimiento de soledad y desconfianza hacia el sistema judicial que tienen las personas afectadas por una crisis de convivencia, al no dar respuesta a sus demandas", y obligar en muchos casos a una larga convivencia no deseada que genera situaciones de violencia.