Madrid. MDO
Los 35 imputados en el caso del fraude de las gasolineras, acusados en 1998 de manipular los surtidores para cobrar más gasolina de la suministrada, aceptaron un acuerdo que les condena a entre 15 y 21 meses de prisión y a pagar 2,11 millones de euros. La modificación de las conclusiones definitivas por parte del fiscal fueron aceptadas por las partes, a la espera de que la Audiencia Nacional dictase sentencia. Los imputados se declararon así culpables y aceptaron las penas que se proponen por estafa y delitos relativos al mercado y los consumidores.

El caso llegó a la Audiencia Nacional en 2002, después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara que ése era el tribunal competente por haber un amplio colectivo de perjudicados en varias provincias españolas -Madrid, Toledo y Albacete-, en las que operaban las estaciones de servicio del grupo Villanueva. El importe total de la cantidad que pagaron los condenados, en concepto de cantidades ilegítimamente defraudadas, ascendió a 2.114.587 euros. De ella debieron responder solidariamente los acusados, que previamente ingresaron el importe en la cuenta de consignaciones de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde se ha seguido el caso. Quince de los acusados aceptaron la pena de un año de prisión por el delito de estafa y nueve meses y multa diaria de 11,2 euros durante seis meses por el delito relativo al mercado y los consumidores.

La pena de los otros veinte acusados ascendió a nueve meses de prisión por el delito de estafa y seis meses de prisión más una multa diaria de 3 euros durante seis meses por el delito relativo al mercado y los consumidores. Según el escrito del fiscal aceptado por las partes, "no es aplicable la circunstancia agravante del artículo 250.1 del Código Penal por no constituir la gasolina una cosa de primera necesidad ni un bien de reconocida utilidad social". El caso se destapó en enero de 1998 cuando la OCU presentó una denuncia ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto fraude en varias estaciones de servicio en las que se cobraba al usuario por más gasolina de la que se le había suministrado.

Tras la denuncia de la OCU, la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid inició una inspección de las estaciones de servicio de la región y detectó varios surtidores en los que se había manipulado el precinto interior. En la investigación se comprobó que en los surtidores se había incorporado un mecanismo que se colocaba rompiendo esos precintos legales y que alteraba la cadencia del transmisor de impulsos, con lo que el contador marcaba un 5 por ciento más de combustible del que realmente se había suministrado. Durante el juicio, los imputados declararon que el mecanismo era para contabilizar los litros suministrados en casos de cortes de luz, a pesar de que había en el mercado dispositivos fiables para cuantificar la gasolina en esas circunstancias.