Manos Limpias publicará informacion que afecta a otras regiones

El inspector de la Brigada de Delincuencia Económica dice que se le ordenó paralizar el caso

Madrid. 17/11/2006 MDO/EP
El caso Ciempozuelos continúa en los juzgados. Este viernes declaró el inspector jefe de la Brigada de Delincuencia Económica, Vicente García Novoa, quien afirmó que recibió órdenes de sus superiores para que paralizara las investigaciones del caso. También compareció el ex apoderado de la promotora Esprode, Fernando Flores y Bas, que aseguró que mientras estuvo en la empresa no intervino en ninguna compra de suelo en el municipio. Por su parte, Manos Limpias manifestó en las puertas del juzgado que la próxima semana podría presentar nuevas informaciones que podrían tener repercursión en otras comunidades.

El inspector jefe de la Brigada de Delincuencia Económica, Vicente García Novoa, declaró este viernes ante el juez que recibió órdenes de sus superiores para paralizar las investigaciones del 'Caso Ciempozuelos'. Según fuentes próximas a la investigación, Novoa declaró que ya redactó en mayo una nota con los datos que le había remitido la Comisión de Blanqueo de Capitales de Andorra. El policía afirmó que con la llegada de un nuevo superior tras el verano, se hizo pública la nota escrita en mayo pero con dos párrafos más que, según Novoa, hacen mención, al primer pago de comisiones por parte de Esprode y a la aprobación del Plan General de Ciempozuelos. Durante la vista ante el juez se refirió a alteraciones de expedientes, paralización de investigaciones y ceses ya que fue relevado de su cargo el superior que recibió por primera vez su informe.

Tras la vista del inspector jefe García Novoa, el abogado de Davinia Torrejón (hija del ex alcalde encarcelado Pedro Torrejón), Juan Fernández, comentó que la investigación de Novoa no tenía mucho soporte judicial. Según el letrado, el inspector jefe de la Brigada de Delincuencia Económica copnsiguió "muchos datos a través de Internet, pero allí no aparece el número de fax desde donde se envió el presunto contrato entre los dos alcaldes y Esprode". Fernández asegura que Novoa declaró que en un segundo informe aparecían dos nuevos párrafos "pero conocía estos datos porque venían en el presunto contrato, por lo que tendría que explicar por qué no los incluyó en el primero". Según el abogado del PP, Juan Ramón Montero, no queda claro por qué no se da a conocer las actividades investigadas ante la gravedad de los hechos ya que hacen mención a la estructura de un presunto delito de cohecho.

Debate sobre los supuestos "pelotazos" La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid debatirá este martes, a petición IU, los supuestos 'pelotazos' urbanísticos en Villanueva de la Cañada de los que, según esta formación, se podrían haber beneficiado el ex director de Urbanismo Enrique Porto y varios familiares de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El diputado regional Eduardo Cuenca, consideró "escandalosos" los beneficios que "obtuvieron gracias a recalificaciones urbanísticas", y señaló que el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, deberá explicar "cuáles son las verdaderas implicaciones de funcionarios regionales y municipales del PP en estos 'pelotazos' urbanísticos".

Por su parte, el ex apoderado de la promotora Esprode, Fernando Flores y Bas, declaró como testigo, y no como imputado, tal y como había sido convocado erróneamente, según su abogado, Alfonso Trayero. Trayero, explicó que su defendido aseguró que trabajó durante un año en Esprode como asesor externo y que en todo ese tiempo no intervino en ninguna compra de suelo en Ciempozuelos. Asimismo, negó toda relación con el ex alcalde, contra el que se ha abierto un proceso judicial. Sobre el contrato presuntamente falsificado por Joaquín Tejeiro para tratar de obtener un préstamo en un banco de Andorra, Flores aseguró que la firma que aparece en él no es la de Francisco Javier Castillo, presidente de la promotora Esprode.

Tras esta declaración, el abogado de la acusación popular, Juan Ramón Montero, señaló que durante su declaración, Flores y Bas reconoció que tuvo relación con arquitectos y técnicos municipales del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Según Montero, el ex apoderado declaró ante el juez que Esprode no tenía capacidad para acometer todos los proyectos urbanísticos de Ciempozuelos, y que estaban pendientes de conseguir financiación de terceros.

Información con repercusiones
En las puertas de los juzgados, el secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, manifestó que la próxima semana podría presentar nuevas informaciones que ahora están siendo investigadas y que podrían dar al un giro relevante al 'Caso Ciempozuelos'. Bernard añadió que dichas informaciones que se investigan no están relacionadas con la presunta financiación irregular de partidos que este jueves denunció. "Si se confirman las informaciones podrían crear una auténtica alarma social en este caso, que puede tener repercusiones en otras comunidades autónomas", señaló Bernard.

El secretario de Manos Limpias negó que tuviera conocimiento de si presuntamente el inspector de policía imputado había pasado información privilegiada al tesorero nacional del Partido Popular. Por otro lado, Julio Aranda, el abogado de Joaquín Tejeiro, uno de los ex alcaldes de Ciempozuelos actualmente en prisión por la presunta trama de corrupción urbanística, declaró que la próxima semana el juez se pronunciará sobre el recurso presentado que solicita una reducción de la fianza de 900.000 euros impuesta a los dos ex alcaldes encarcelados, el citado Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón.

Réplica del PSOE
El abogado de la acusación popular que el Partido Socialista ejerce en el caso Ciempozuelos, Enrique Gómez, mantuvo que en su declaración de este viernes, Vicente García Novoa, inspector jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Financieros, "no ha atribuido a sus superiores la paralización de su investigación".

Según el letrado, "El inspector jefe ha manifestado que no ha habido ninguna intención de retrasar la investigación y tan es así como que él asegura incluso que oficialmente no recibió en ningún momento la orden de investigar estos hechos".

Enrique Gómez ha recordado que García Novoa ha relatado que "el asunto empezó en el mes de mayo cuando el entonces jefe accidental de la Brigada, Mario Jiménez Ramos, le entregó de manera extraoficial un fax con el contrato suscrito por Esprode y la empresa de Tejeiro, y le dijo que esperara hasta que llegara más documentación de la policía de Andorra". "El aseguró que se limitó a guardarlo en una carpeta y a tenerlo en su poder, pero al mismo tiempo hizo algunas averiguaciones como por ejemplo, una consulta al Registro Mercantil en relación con una empresa de Pedro Antonio Torrejón, luego se fue de vacaciones en la segunda quincena de agosto, y en la segunda semana de septiembre elaboró una nota interior, fechada el 15 de septiembre", añadió Gómez. En cuanto a la decisión del juez de cambiar la condición de testigo a imputado del comisario jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Financieros, Miguel García, el abogado mantuvo, y así aseguró que lo indicó el propio juez, que lo hace para que tenga las mismas garantías que el inspector jefe ha tenido en su declaración.