Madrid. 12/10/06. MDO/Efe
El Defensor del Pueblo reconoce en
cartas enviadas a los madrileños que presentaron quejas por
las obras de la M-30 el "padecimiento general de la ciudadanía
y en particular de los vecinos más afectados por razones de
localización o de tránsito". Las cartas indican que la Defensoría
ha recibido "muy numerosas quejas" relacionadas con "molestias,
interés personal de las autoridades en la ejecución rápida
de las obras a toda costa, ruido incluso nocturno, polvo en
suspensión en el aire, viales cortados sin previo aviso, falta
de información, aparición de enfermedades respiratorias y
de otros tipos, incluso quejas sobre aspectos de diseño de
las obras".
De
esas quejas han sido admitidas a trámite asimismo "un número
no pequeño" -que la institución no precisa-, "aunque las investigaciones
han sido lógicamente agrupadas por tipo de reclamación". En
todo caso, no considera "posible ni útil por el momento reanudar
investigaciones terminadas o iniciarlas nuevas", pero sí mantener
"el seguimiento habitual", trasladar al Ayuntamiento su parecer
e informar a las Cortes Generales en el próximo Informe anual,
correspondiente a 2006.
En estas cartas afirma el Defensor que "aunque la tramitación
de lo proyectos haya pasado favorablemente los trámites esenciales,
no sólo por eso cabe decir que la gestión municipal esté resultando
sin dificultades mayores". Añade que, "aunque las obras estén
diseñadas y supervisadas con estándares de calidad apreciables,
aunque haya habido información pública, aunque sin pasar evaluaciones
ambientales regladas o de 'iure' sin embargo no se haya descuidado
del todo la evaluación de 'facto', es evidente el padecimiento
general de la ciudadanía y en particular de los vecinos más
afectados por razones de localización o de tránsito".
Reconoce
que "cabe esperar de una actividad de infraestructuras, muy
grande y muy concentrada en el tiempo y el espacio, que tenga
lugar no sin problemas" pero afirma también que ha llegado
a "la conclusión de que el Ayuntamiento ha sido parco en los
cauces de participación ciudadana, formalmente cumplidos pero
materialmente lejos de lo deseable en circunstancias como
las presentes". La oficina del Defensor del Pueblo manifiesta
asimismo que "la intención no puede reducirse al mero interés
electoralista de las autoridades, como algunas quejas dicen,
pero tampoco cabe aceptar que la preparación y el curso de
la gestión estén resultando cómodos y fluidos".
Por el contrario, afirma, "las molestias son de envergadura
y patentes para todos" y "las denuncias y procedimientos incidentales,
incluso sancionadores, denotan una litigiosidad excesiva y
hasta donde conocemos justificada". Considera por otra parte
que "el que el resultado final compense las molestias es lo
menos que puede pedirse a cualquier proyecto de obras" y que
"más parece lógico y esperable que un ayuntamiento aspire
a lograr un resultado óptimo y una molestias mínimas", que
es, subraya, donde "estará la verdadera medida del éxito".
Además, opina que "es fácil comprobar que los plazos de información
pública han sido mínimos en general, y la disponible pese
al esfuerzo realizado parece seguir siendo escasa o de difícil
acceso".