La Comunidad y Ciudadanos se reunirán la próxima semana para hablar de presupuestos
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(Foto: Cristina Martín.)

La Comunidad y Ciudadanos se reunirán la próxima semana para hablar de presupuestos

El Gobierno regional mantendrá "reuniones formales" a partir de la próxima semana con representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos para empezar a analizar el borrador de los presupuestos para 2017 en el que ya lleva un tiempo trabajando la Comunidad de Madrid.
Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la rueda de prensa de presentación de un plan estratégico de innovación y modernización de la gestión pública en la que ha estado acompañada por el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

El grupo parlamentario de Ciudadanos (que firmó un pacto de investidura con la presidenta regional, Cristina Cifuentes) apoyó los presupuestos de 2016 tras negociar una serie de enmiendas parciales.

La consejera ha comentado que ya han empezado a hacer "las primeras tramitaciones" del proyecto de ley de presupuestos para 2017 a partir de lo que "necesitan las Consejerías". "La idea es que en la próxima semana empezaremos a tener reuniones formales con el grupo de Ciudadanos, a verlo conjuntamente", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que la intención es presentar el proyecto de ley de presupuestos de 2017 a finales de enero o la primera semana de febrero en la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria. "A partir de ahí, la tramitación será de entre 50 o 60 días según cómo se fijen los pazos establecidos en el reglamento de la Asamblea", ha añadido.

El Gobierno regional prorrogó el pasado 1 de enero las cuentas de 2016, después de que el retraso en la formación de un Gobierno a nivel nacional les haya "impedido" presentar un proyecto de presupuestos a tiempo, tal y como indicó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El motivo esgrimido por Cifuentes es que esta situación de "interinidad" retrasó a su vez la aprobación del techo de gasto y el objetivo de déficit, que eran las "garantías jurídicas" con las que esperaba contar el Gobierno regional para poder elaborar unos nuevos presupuestos.
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