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Vista de la fachada del edificio España.
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Vista de la fachada del edificio España. (Foto: Kike Rincón)

El Ayuntamiento contrató dos informes sobre el Edificio España semanas después de presentar sus resultados

El Grupo Municipal Ciudadanos denuncia que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó y pagó dos contratos menores para estudios sobre el edificio España semanas después de que se presentasen los resultados de dichos informes ante la ciudadanía. El Gobierno municipal asegura que se ha cumplido escrupulosamente la legalidad.

Según reza en el informe de contratos menores del cuarto cuatrimestre de 2015 del Ayuntamiento de Madrid, publicado la semana pasada, el Área de Desarrollo Urbano Sostenible contrató con Aroca Asociados S.L., estudio del exdecano del Colegio de Arquitectos y catedrático de Cálculo de Estructura, Ricardo Aroca, un informe técnico sobre el estado de las fachadas del edificio España por 17.991,76 euros más IVA, el 22 de octubre de 2015. Asimismo, contrató con Fhecor Ingenieros Consultores S.A., propiedad del catedrático de Estructuras y Mecánica de Medios Continuos de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Hugo Corres, la redacción de un informe técnico sobre el estado de la estructura del edificio España por un montante de 17.842,53 euros más IVA, el 2 de diciembre de 2015. Ambas cantidades están por debajo de los 18.000 euros que estipula la Ley de Contratos Menores, lo que exime de que se realice concurso público.

El problema estriba en que la adjudicación de estos trabajos se produjo después de la presentación de sus resultados, hecho que se produjo el 7 de septiembre, tal y como informó este periódico digital. En dichos informes se planteó que el mantenimiento de la fachada del edificio, propiedad del magnate chino Wang Jianlin y su Grupo Wanda, es viable construyendo pantallas de hormigón en los patios o construyendo un elemento que mantenga la rigidez del edificio durante las obras.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, exige explicaciones al respecto porque esta situación contradice la Ley de Contratos Públicos y la del Impuesto sobre el Valor Añadido. "No es solo un problema estético sino legal. Ya se rozó el límite de la legalidad con el contrato de la Ley de Memoria Histórica y ahora nos hemos encontrado nuevas contrataciones que requieren una profunda explicación por parte del Gobierno municipal", explicó la edil a Madridiario. Y sentenció: "Esta forma de actuar recuerda a las prácticas de la vieja política y no es la mejor manera de actuar si se quiere evitar la espantada de los inversores".

Fuentes del Área de Desarrollo Urbano Sostenible municipal consultadas contrastaron que desde la secretaría general técnica del departamento que dirige José Manuel Calvo se han seguido estrictamente los pasos establecidos y se ha cumplido en todo momento con la legalidad, tanto en materia de tramitación como de ofertas.

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