Enrique Villalba

La semana pasada, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, decía que para no acabar en un corralito debíamos dejarnos de mamandurrias. Mamandurria significa, según la RAE: sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente. No tardó mucho en recibir respuesta. El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, preguntó a Ana Botella, alcaldesa de Madrid, por qué tiene en nómina a la hermana de la 'lideresa' en la Junta de Hortaleza.

Sin dudar de las capacidades de esta buena señora, que no tengo el gusto de conocer, y de la que, por tanto, sería aventurado opinar si su situación se trata de una de las mamandurrias de su hermana o una selección de personal acorde a sus capacidades, es cierto que el enchufado y el parásito laboral abundan tanto en la función pública y en la empresa privada. Cada cual ve la situación como le viene. Por ejemplo, por Twitter circula un listado de familiares de políticos enchufados en empresas y administraciones. Por otra parte, la estrategia de comunicación de algunos medios se basa en describir cómo muchos funcionarios son unos aprovechados de los que la administración podría desprenderse.

No obstante, todo el mundo suele ver la paja en el ojo ajeno, que no en el propio. Así, no es descabellado pensar que cuando Aguirre dice que tenemos que dejarnos de mamandurrias, no creo que lo haga como Drácula, que habla de sí mismo en primera persona del plural; sino, más bien, de un plural mayestático en el que son los demás los que tienen que dejar de hacerlo. Por tanto, ¿a qué "mamandurria" se refiere Aguirre?

Estas afirmaciones crean debates cainitas en la sociedad para que deseemos el mal del vecino antes que el bien común. Son políticas de comunicación basadas en la cortina de humo y el acoso y derribo. Comunicación de masas para reducir la capacidad crítica del pueblo sobre lo importante: el atraco institucional y económico que está siendo esta crisis para la sociedad española. Dicen que es culpa de los ciudadanos. Argumentan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hemos especulado urbanísticamente, que hemos defraudado a Hacienda haciendo chapuzas estando en el paro, que hemos pedido subvenciones, que hemos utilizado los servicios públicos más de la cuenta y, por extensión, que hemos hecho cualquier cosa que implique que el Estado tenga que mover un dedo.

Y cuando ya consideran que estamos lo bastante machacados como para sentirnos culpables, plantan la semilla de la discordia. Argumentan, por ejemplo, que el funcionario es un jeta por tener moscosos, a pesar de que estos se crearon para compensar unas subidas de sueldo legítimas que el Gobierno les debía y no pudo asumir en los años ochenta. Que los parados son unos sinvergüenzas por buscarse la vida aparte del sistema porque no entra un euro en su casa, pero realizan amnistías fiscales para que el que defrauda a Hacienda millones solo reciba un tirón de orejas. Son solo dos ejemplos.

Eso sí: que nadie se meta con los políticos y la 'jet' administrativa en general. Se quejan de que la población centra sus iras en ellos. Que cobran poco para tanta responsabilidad. Y siempre justifican un maravilloso trabajo sobre el papel con eufemismos y estadísticas. Funcionan como una auténtica casta aparte, a pesar de que en los periódicos no dejen de pasearse por los juzgados como si fuesen Mafio y sus pandilleros. Es un hecho que para ellos sí valen las indemnizaciones cuando hacen las cosas mal, que cuando rinden cuentas nunca tienen la culpa o que tienen prebendas como que diputados con casa en Madrid cobren ayudas de vivienda.

Si todo esto no es una estrategia ideológica más que un abanico de decisiones obligadas por las circunstancias, que baje Dios y lo vea. Bueno, que no baje, que a lo mejor le dicen que lo suyo es una mamandurria y nos cobran por ir al cielo. Perdón. Se me olvidaba, el IVA por morirse ya lo han subido.