En la última sesión del juicio, el letrado ha expuesto sus conclusiones definitivas en las que pide a la Sala que retraiga el proceso al momento de calificaciones jurídicas al estimar que los cambios introducidos por la fiscal crea indefensión a su defendido al no haber solicitado su defensa pruebas sobre los nuevos hechos.

En concreto, la fiscal introdujo una modificación en su calificación jurídica final al elevar la pena de 4 a 6 años para un delito de prostitución coactiva a una menor, cuando en un principio pedía este tipo penal en su modalidad más baja. Con este cambio, elevó la petición de pena de 28 a 30 años de prisión, sumando otros tres delitos de prostitución.

El abogado de la defensa ha recalcado al tribunal que ninguna de las testigos protegidos en la causa ha referido acerca de captación en sus países de origen por parte de su cliente, ni nada relativo a intimidación ni engaño.

"Son otras las personas las que ejercían intimidación", ha reseñado el letrado en alusión a los otros compinches de 'Cabeza de Cerdo'. Además, ha dicho que muchas de las víctimas vinieron de forma voluntaria a España a ejercer la prostitución.

   Además, ha restado credibilidad a las manifestaciones de las víctimas a la Policía en las que aseguraban que el procesado descuartizaba a chicas y que a una de ellas la dejó maniatada en un árbol para que la mataran unos perros en un chalet ubicado en Palma de Mallorca. "¿Existe si acaso algún cadáver?", ha exclamado el letrado.

Líder de una red de prostitución
En sus conclusiones, la fiscal consideró acreditados los hechos que se le imputan por liderar esta red de prostitución de jóvenes de Europa del Este. Así, basó su solicitud de condena en las declaraciones leídas en la Sala de las víctimas que no han sido localizadas por el tribunal y que la fiscal ha calificado de manifestaciones "escalofriantes".

Según el fiscal, la banda de 'Cabeza de Cerdo' consiguió que varias compatriotas de nacionalidad rumana viniesen a España en el año 2000 con la creencia de que iban a proporcionarles un trabajo. Una vez aquí, las obligaban al ejercicio de la prostitución para saldar la deuda con la organización por los gastos de su traslado.

Ioan C, en su calidad de jefe, era quien dirigía y controlaba a las mujeres gracias a la colaboración del resto de procesados, quienes realizaban los traslados al lugar donde desempeñaban la prostitución y les obligaban a entregar el dinero obtenido.