Aguirre incidió en que  no hay que "pretender sacar dinero para inversiones de las Administraciones Públicas, a costa de hacer colmenas en las zonas residenciales", a pesar de que el Consejo de Gobierno aprobó en 2009 la operación, que contenía la creación de varias torres de pisos que, según el juzgado, incumplían la Ley del Suelo. Por esta razón fue paralizada la operación y ni el Gobierno regional ni el Ayuntamiento recurrieron. No obstante, el Consistorio estudia junto a las empresas privadas plantear otras vías jurídicas, ya que no comparten la interpretación de la Ley.

Según la jefa del Ejecutivo regional, para obtener los fondos necesarios para realizar "numerosas y costosísimas infraestructuras", "tenían que construir miles de pisos. Llegaron a plantear 30 alturas, el Ayuntamiento les aprobó doce en una zona de cinco alturas máximo". Al aprobar el juzgado tan solo tres alturas más ático en las zonas residenciales, considera que la operación debe quitarse las cargas excesivas.