La familia, con tres hijos menores, se enfrentaba por tercera vez al desalojo de su vivienda por una deuda contraída con una entidad bancaria. El abogado de la familia perteneciente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, ha señalado que el aplazamiento se ha acordado por “motivos humanitarios”.

Mayoral ha confirmado que se ha presentado una denuncia por supuestas irregularidades en el proceso judicial. El abogado ha asegurado que la orden que mandaba ejecutar el desahucio de la familia de Abdul, de origen guineano, estaba firmada por el secretario judicial y no por el juez, quien debe ser el encargado de dar la orden de desalojo.

En el momento en el que se ha acordado el aplazamiento del desahucio de la familia, una pareja de agentes de policía acompañaban a la comisión judicial. También se han desplazado unas 80 personas hasta el lugar de los hechos, entre ellos activistas de la PAH, miembros de la asamblea del 15M de la localidad y Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).