José Ricardo Martínez

Vivimos momentos en los que, para el pensamiento liberal, la crisis es causa y excusa para cualquier decisión política. Por la crisis se recortan derechos sociales en aras de mantener el modesto estado de bienestar del que disfrutamos, argumento que es una contradicción en sus propios términos de la que no sabemos si son en verdad conscientes todos los que hoy en día están abogando, con una insistencia digna de mejor causa, por llevar a cabo esos recortes que dicen, con engaño, que darán confianza a los mercados especulativos que nos acosan.

Porque engaño es lo que hay cuando un Gobierno como el de la Comunidad de Madrid presenta el presupuesto para 2011 como "el más social de la historia", siendo la realidad que se reduce el gasto del área social, en términos absolutos, en 404 millones, un 2,78 por ciento menos que en el ejercicio de 2010.

Es inaceptable, por tanto, que la excusa de la crisis se esté utilizando, por unos y otros Gobiernos, para hacer una serie de recortes sociales que sólo pueden conducir, de un modo u otro, a un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Pero, en ocasiones, hay medidas que traspasan todos los límites no ya de los recortes en sí, sino de la lógica más elemental y del sentido común. Porque, ¿qué efecto positivo puede tener sobre la crisis una modificación en la distribución del horario de los trabajadores de la enseñanza, como se pretende en Madrid?

En realidad, estamos ante un grave error político que pretende enmascarar un radical recorte en Educación, presentándolo como un problema laboral, terreno al que pretenden llevarlo la Presidenta de nuestra Comunidad y su Consejera de Educación. Porque primero destacan (con falsedad) supuestos privilegios de los trabajadores en conflicto, después intentan desprestigiarlos ("ser profesor es duro, pero más duro es el paro", ha dicho Lucia Figar), para terminar con el lema habitual, también falso, de Aguirre cuando se afirma que las movilizaciones del sector educativo "son las de los sindicatos defendiendo a los liberados". Con estas respuestas se intenta, engañando, distraer la atención social de los recortes que se llevan a cabo gracias al acompañamiento mediático que se hace eco de esas tácticas que cabría calificar de fraudulentas.

Los trabajadores de la enseñanza trabajan 37,5 horas semanales, que se distribuyen en lectivas (18 horas) y complementarias (19,5), por lo que modificar esta distribución trasvasando 2 horas de las complementarias a las lectivas, lo único que pretende es prescindir de más de 3.000 docentes interinos, es decir, destruir más de 3.000 puestos de trabajo..

Sin embargo, trasvasar esas 2 horas de la actividad complementaria a la lectiva y, en consecuencia, prescindir de los mencionados 3.000 puestos de trabajo, es evidente que tendrá un impacto negativo sobre la calidad del conjunto del sistema, porque quita muchas miles de horas a la necesaria preparación de las clases, desdobles, atención a la diversidad, prácticas en talleres y laboratorios, apoyos a los alumnos en el aprendizaje, tutorías, entrevistas con los padres, etc. Es decir, quitamos tiempo a la parte del trabajo educativo que puede aportar mayor valor añadido a cada hora de clase y a todo el proceso educativo o, dicho de otro modo, a la calidad promedio del sistema, porque precisamente aumentar la actividad lectiva requiere más necesidad en horas de preparación.

Estos argumentos serían suficientes para retirar las instrucciones correspondientes al curso escolar 2011-2012, y para buscar el equilibrio presupuestario implementando políticas que mejoren los ingresos sin recortar derechos sociales, por ejemplo el derecho a la educación.

Por otro lado, considerar la Educación como un bien de consumo más que puede ser recortado, en lugar de considerarlo como lo que es, una inversión de futuro, supone perder éste tanto en progreso social, igualdad de oportunidades y libertad,  como perderlo también en progreso económico, además de empobrecer a toda la sociedad en conocimientos y capacidades. Es justamente en un contexto de crisis como el actual cuando hay que apostar más que nunca por la Educación como estrategia imprescindible para salir bien de ella.

Hay que tener en cuenta, además, que estos recortes se producen en una Comunidad, la de Madrid, situada en último lugar en gasto educativo, un 2,8 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto), cuando la media en España está ligeramente por encima del 5 por ciento, siendo la penúltima en gasto por alumno, con 6.003 euros anuales frente a los 10.388 euros del País Vasco, o los 6.567 de promedio en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

La rectificación urgente de las instrucciones para el curso escolar 2011-2012, y la apertura inmediata de un proceso de diálogo y negociación con los sindicatos, serían las únicas decisiones que tranquilizarían a la sociedad madrileña y podrían sacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid del error, del descomunal error, de querer ser ejemplo haciendo recortes sociales.