Después de hacerse públicos los nombre de las cuatro primeras personas que integrarán la candidatura del PSM para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, no me cabe duda de que esta candidatura estará marcada por la ausencia de la todavía número dos de Tomás Gómez y secretaria de organización del PSM, Trinidad Rollán, condenada a ocho años de inhabilitación pare ejercer cargo público.

Resulta evidente que la condena de Rollán ha supuesto un bombazo contra la línea de flotación de Tomás Gómez, que siempre había  defendido la inocencia de su número dos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la existencia de un delito de prevaricación, no equiparable a una mera sanción administrativa impuesta por un error de gestión, tal como el líder socialista madrileño ha pretendido hacernos creer.

Trinidad Rollán promovió desde la alcaldía de Torrejón de Ardoz la aprobación de un acuerdo que adjudicaba a una empresa privada la propiedad de una parcela municipal a cambio de dinero y determinados trabajos de urbanización, algo expresamente  prohibido por ley. Lo que para Tomás Gómez es un simple desliz administrativo, para los magistrados del TSJM es un delito cometido "de forma ilícita, burda y rudimentaria" para hacer pasar por legal un acuerdo municipal, lo que constituye "un dislate, un desatino o una aberración desde la más laxa valoración jurídica… incluso para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común”.

A pesar de la lógica exclusión de Rollán de las listas electorales socialistas, resulta intolerable que el PSM insista en querer dar lecciones de moral, mientras mantienen a la prevaricadora Rollán en todos sus cargos orgánicos, incluido la dirección de la campaña electoral socialista. Debería aprender Tomás Gómez de Esperanza Aguirre, quién expulsó fulminantemente a todos los cargos del PP imputados en la trama Gürtel, sin esperar siquiera al pronunciamiento de los tribunales de justicia.