A la Presidenta de Argentina no le gusta el funcionamiento de la justicia española y aprovechando su participación en la Cumbre UE-América Latina, se ha permitido criticar duramente las decisiones de nuestros órganos judiciales. Cristina Fernández de Kirchner  ha afirmado que la suspensión del juez Garzón, acordada unánimemente por el Consejo General del Poder Judicial, le parece "una regresión en la concepción de la justicia universal en materia de derechos humanos".

La intromisión de la Señora Fernández en las cuestiones judiciales españolas sobrepasa en mucho la simple descortesía contra un país anfitrión, para convertirse en una injerencia realmente intolerable. Doña Cristina no es una ciudadana cualquiera sino que se encuentra en España en representación de todos los argentinos, como Presidenta de la Nación. Por este motivo debería ser mucho más cuidadosa en sus manifestaciones públicas.

El atrevimiento de la Presidenta de Argentina poniendo en entredicho nuestra independencia judicial, debería tener respuesta diplomática inmediata por parte del Gobierno de España. Al presidente Rodríguez Zapatero le correspondería protestar ante lo que es una clara injerencia en cuestiones internas españolas que en nada competen a Fernández de Kirchner, quien además parece ignorar que en España todos los ciudadanos son iguales ante la Ley.

Sin opinar sobre el matrimonio Kirchner y su contribución al progreso y la democracia en Argentina, no creo que la Señora Fernández  esté moral o políticamente legitimada para dar lecciones de ninguna clase a los españoles. Mas le valdría a Doña Cristina preocuparse de los múltiples problemas de su gestión como Presidenta, si no quiere que se le aplique aquello de la “maestra Ciruela, que no sabe leer y pone escuela”.