España es un país descentralizado. Durante los últimos treinta años, se ha procedido a la descentralización de competencias y presupuestos del Gobierno de España hacia las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Como consecuencia, cerca del 50% del gasto público está en manos de los Gobiernos autonómicos y locales. Por cierto, no cualquier competencia ni cualquier gasto: la educación, la sanidad y las políticas de empleo (intermediación laboral y formación), la vivienda o la rehabilitación se encuentran en manos de los Gobiernos regionales. Así que si queremos, por poner un caso, impulsar el sector de la rehabilitación en nuestro país, tal y como propone el Gobierno socialista, para crear empleo y actividad sostenible en un sector muy castigado por la crisis como es el sector de la construcción residencial, entonces, hay que contar con las CC.AA.
Por eso el PP debe dejar a un lado su persistente sectarismo y aportar soluciones desde las instituciones que gobierna. No será posible recortar el gasto de personal si las administraciones que tienen el 80% del total de empleo público (entes locales y autonomías) se niegan a ello. El PP gobierna muchas de esas instituciones. El reto (quizás insalvable) de los populares, dada la escasa talla de sus actuales líderes, es hacer oposición de gobierno, proponiendo iniciativas en beneficio del país y predicando con el ejemplo allí donde son mayoría; a fin de cuentas, el PP también es gobierno. ¿O no?
