La aseguradora es la empresa que se encarga de atender a los trabajadores públicos del Estado en la región, que, como derecho adquirido, pueden elegir entre ser tratados por la sanidad pública o la privada. Según el ICOMEM, desde primeros de año Adeslas se está escudando en que el Estado les da menos dinero para reducir el número de médicos a los que los funcionarios pueden recurrir. Esto ha provocado tanto mayores esperas a la hora de ser recibidos como interrupciones de tratamientos y dificultades a la hora de conseguir las citas.

Del listado de médicos y centros elegibles, Adeslas ha eliminado "los profesionales y hospitales más prestigiosos". El ICOMEN recalca que de esta relación se han caído "quienes más pruebas prescribían a los pacientes" y por tanto quienes más exhaustivos eran en sus diagnósticos y tratamientos. El sindicato CSI-CSIF advierte que esto se ha unido a que otras aseguradoras como Mapfre o Caser ya no prestan servicio a los funcionarios -no les sale a cuenta, alegan, ya que la subvención que reciben del Estado por ello se ha reducido considerablemente, alegan- o bien también han reducido su catálogo.

El ICOMEM ha decidido convocar a todos los médicos excluidos por Adeslas por el perjuicio económico que les causa esta decisión, ya que los que hasta ahora trabajaban también en clínicas privadas han visto reducidas sus ganancias. El Colegio recomienda que todos los galenos aconsejen a sus clientes de Adeslas el cambio a otra Sociedad en la que trabajen y espera que sus colegiados acuerden un documento de mínimos para trasladárselo a la aseguradora.

En Madrid, médico público y privado
Según CSI-CSIF, los problemas con Adeslas son sólo la consecuencia de la supresión de las entidades colaboradoras que hasta ahora se hacían cargo de la sanidad de los funcionarios, como explica el presidente del sector de Educación, Eliseo Moreno.

Los funcionarios de la Comunidad de Madrid no son ajenos a esta situación. Como les informó Madridiario, las colaboradoras también se acababan para los funcionarios regionales en 2009. La Consejería de Interior ofreció a los sindicatos mantener el médico privado en la Atención Especializada, aunque no en la Atención Primaria ni para los familiares directos ya que el Estado "ya no lo permitía". Hoy a los funcionarios se les ofrece elegir cada vez si prefieren ir a un médico privado o a uno público en Especializada y al público en Primaria, pero según la Secretaria de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, Encarna Parra, esto está provocando "problemas de fiscalización y de atención" a los trabajadores.