La demanda se debe a unas declaraciones sobre Sanidad vertidas por Aguirre en la revista Vogue. "El partido socialista es un astro en la propaganda, así que ha montado una asociación de socialistas que en vez de llamarla asociación socialista la llama Asociación del Defensor del Paciente y todos los días hace una nota de prensa", manifestó.

En la demanda, la asociación tacha de "absolutamente falsas" y "maliciosas" las palabras de la presidenta regional, puesto que a su juicio tienen por objeto dañar "el prestigio, honor, credibilidad e imagen" de la asociación. Así, entiende que estas declaraciones "superan el derecho a la libertad de expresión", por lo que creen estar en su derecho en presentar esta demanda con el objeto de que la presidenta regional se retracte de sus declaraciones.

"El tinte político que mueve a la asociación no es otro que el objetivo de que se respeten los derechos de los pacientes y una sanidad digna y respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos", recalca la Asociación de El Defensor del Paciente, que aclara que, por ello, rechaza cualquier subvención a las que tiene derecho "para evitar que alguien pueda pensar que debe un favor". Junto a la demanda, se aporta jurisprudencia como una sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 1992, que establece la competencia de los Juzgados de Primera Instancia para conocer de las reclamaciones de responsabilidad civil dirigidas contra parlamentarios autonómicos.

Según explica, la doctrina que emana de esta sentencia es la de entender que el concepto de actos parlamentarios "viene determinado por la realización de todas aquellas actuaciones inherentes a las actividades parlamentarias y en el seno de cualquiera de las articulaciones orgánicas de las cámaras, o como excepción, aquellos actos exteriores que sean reproducción de un acto parlamentario o en estrecha relación con el mismo".