La crisis ha puesto los servicios sociales en una encrucijada. Cada vez son más los vecinos que se acercan a ellos para solicitar prestaciones, para pedir ayudas a la dependencia o buscar solución para menores en situaciones difíciles. Y los servicios sociales municipales son la puerta de entrada a los recursos que necesitan los ciudadanos para salir de sus apuros.

La cita de Mejorada del Campo se convertió así en un foro —organizado por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, la Mancomunidad Servicios Sociales Mejorada-Velilla, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales— para compartir ideas para mejorar y adaptarse a la realidad. Un objetivo que pasa por la calidad y la calidez, tal y como puso de manifiesto María Jesús Brezmes, de Yntegra Consultores.

En efecto, estas dos máximas siguen siendo un objetivo alcanzable a pesar de la complejidad del sistema de servicios sociales: leyes autonómicas diferentes, parálisis del Plan Concertado con los municipios y de la escasa valoración que sufren por los políticos y otras áreas municipales. La eficacia y la mejora de su estructura interna y de la colaboración con otros departamentos son las herramientas clave para afrontar estos viejos retos.

Junto a ellos, la crisis económica ha puesto sobre la mesa otros nuevos. Así, Carlos Pereda, sociólogo y miembro del Colectivo Ioé, alertó de los efectos que ha producido el decrecimiento de la economía. Basándose en el Barómetro Social de España, apuntó que, mientras las grandes empresas y el sector financiero no han sufrido tanto los efectos de la crisis, y han obtenido rápidamente la ayuda del Gobierno, los trabajadores, los más vulnerables, son quienes la están pagando.

En especial quienes vivían de empleos temporales, los que más se han destruido, y los hombres, por ser la construcción el sector más afectado. Los hogares con todos sus miembros en paro se incrementaron un 52 por ciento. Los ingresos medios por persona activa descendieron, por contra, un 1,2 por ciento. Y, paradójicamente, concluyó Pereda, los esfuerzos de los poderes públicos se orientan a reactivar el modelo de producción y consumo anterior a la crisis.

Nuevas soluciones
¿Qué pueden hacer los servicios sociales municipales? Para Manuel José Calzada, director de Servicios a la Ciudadanía de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la solución pasa por universalizar los derechos a servicios y prestaciones básicas; fortalecer el sistema público de servicios sociales, cuyas funciones de valoración, prescripción, planificación y garantía de calidad son indelegables; e incrementar la eficacia. Calzada recordó que son las entidades locales, las más cercanas a los vecinos, las que ostentan el protagonismo en la prestación de estos servicios, y que tienen en las organizaciones no gubernamentales unas colaboradoras eficaces en las que pueden apoyarse y donde se gestan a menudo las nuevas ideas y enfoques.

Por su parte, Patricia Restrepo, técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y experta en implantación de sistemas de calidad en la Administración, recordó que la crisis puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y cambio; la Ley de Dependencia, en una oportunidad de debate y reordenación del sistema; y recordó que la experiencia, puesta en valor, ayuda a "no tropezar con las mismas piedras". Así, consideró que estamos ante una ocasión de reorganizar el sistema de servicios sociales, repensando, debatiendo y respondiendo las cuestiones clave en torno a las que está organizada su estructura.

También se celebró una mesa redonda en el que profesionales de los Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo (León), San Sebastián (Guipúzcoa) y Vélez (Málaga) debatieron sobre el impacto de la Ley de Dependencia en los servicios sociales. El presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada-Velilla, Sergio Yáñez, fue el encargado de clausurar el evento.