La ex alcaldesa prestó declaración junto a su hermana y ex concejal de Hacienda en su Gobierno, Tamara Rabaneda, durante casi cuatro horas en las que tuvo que contestar a las preguntas y aclarar por qué autorizaron presuntamente "pagos efectuados contra los reparos de ilegalidad emitidos por Intervención y Tesorería".

Todo ello a pesar de un informe negativo de Intervención del Ayuntamiento fechado el 19 de diciembre de 2008, tres días antes de la presentación de la moción de censura que rubricaron PSOE, IU y 'Juntos por Pinto' (JpP) y que desbancó a la Alcaldía, según el auto del juzgado.

Rabaneda defendió su gestión ante el juzgado al mantener que "hemos dicho la verdad" y que toda su gestión se centró "en el interés general de los vecinos, respetando los procedimientos". La popular, que confió en que "pronto" se archive la querella, aseguró sentirse "tranquila".

En cuanto al procedimiento, subrayó que el juez instructor tuvo que llamar la atención en varias ocasiones al letrado de la acusación, ya que éste realizó algunas preguntas de corte político, sobre "las que insistió".

Rabaneda llegó al juzgado instantes antes de las 10.00 horas acompañada por una veintena de personas entre simpatizantes y concejales populares en el Ayuntamiento de Pinto. Antes de prestar declaración, se mostró tranquila y aseguró a los periodistas que la citación se produjo para "aclarar" determinadas "irregularidades administrativas". "Mi gestión -apostilló- ha sido limpia y honrada".

La comparecencia de Rabaneda y su hermana es resultado de la denuncia interpuesta por el alcalde, Juan José Martín (PSOE), fechada el pasado 30 de abril, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El auto de imputación tuvo en cuenta esta denuncia --basada en la documentación y los informes de Tesorería e Intervención-- que explicita que hubo expedientes administrativos de pagos que contaron con informes desfavorables de ambas funcionarias.

De esta manera, se produjeron presuntamente gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa, y con informes negativos, lo que, según el auto, supuso un "menosprecio a la ley".

La denuncia presentada por el regidor incluía documentación sobre los 264 informes desfavorables emitidos por la Interventora entre el 1 de enero de 19 de diciembre de 2008. En algunos casos, los gastos no contaron con el "requisito legal" de la aprobación previa y en otros pudo producirse "fraccionamiento de contratos para eludir las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público".