Investigan si el Gobierno del PP de Pinto gastó 11 millones antes de la moción
Por MDO/E.P.
miércoles 03 de febrero de 2010, 00:00h
Actualizado: 04/02/2010 13:42h
El juzgado de Instrucción número 6 de Parla investigará si el Gobierno del Partido Popular gastó un total de 11 millones de euros en los veinte días previos a la moción de censura que, en diciembre de 2008, rubricaron PSOE, IU y un edil de 'Juntos por Pinto' (JpP), según informó este miércoles el Ejecutivo municipal.
El auto de imputación a la ex alcaldesa y actual portavoz del PP, Miriam Rabaneda, especifica que su gestión económica dejó un saldo de 2.581.401 euros el 22 de diciembre, cuando las arcas municipales registraban 13.613.503 euros el día 2 del mismo mes.
El auto -que tuvo en cuenta la denuncia interpuesta por el alcalde, Juan José Martín (PSOE)- concreta que, entre el 9 y el 22 de aquel mes de 2008, "se abonaron por orden del concejal responsable en cada caso más de 10 millones de euros", y que se procedió a devolver "a toda prisa" y de manera "arbitraria" cinco millones de euros por un decreto de Alcaldía.
Precisamente por esto, la ex alcaldesa de Pinto será querellada por segunda vez por prevaricación y malversación de fondos por parte del alcalde de la localidad, Juan José Martín (PSOE), querella que estará motivada, según reveló el propio Martín, por la presunta vulneración de la Ley de Contratos y el "uso de fondos públicos saltándose los controles".
Según el regidor, el Gobierno popular "dilapidó y esquilmó las arcas municipales" con gastos de 10 millones de euros entre el 2 y el 19 de diciembre de 2008, el periodo comprendido entre el anuncio y la votación de la moción de censura de PSOE, IU y JpP que desbancó al PP. "El fin era que si prosperaba la moción, los nuevos gestores tuviesen dificultades", explicó.
En este sentido, Martín informó de que también está interpuesto un recurso subsidiario y de forma en el juzgado número 7 de Parla para que el número 6 impute también a los otros siete ediles del PP que formaron parte del Ejecutivo de Rabaneda, así como contra el consejero delegado de la empresa en aquel periodo, el edil popular Julio López Madera -mano derecha de Rabaneda-, y contra el gerente de ASERPINTO, Javier Polo.
Tanto los socios de Gobierno en Pinto, como el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, pidieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que "cese" a la ex alcaldesa. En este sentido, el líder de los socialistas madrileños consideró que la imputación tanto de Miriam Rabaneda como de su hermana Tamara, ex concejala de Hacienda, demuestra que "teníamos razón" al interponer la moción de censura que acabó con el Gobierno popular en Pinto.
Por otra parte, los socios del Ejecutivo reclamaron a Esperanza Aguirre que pida "disculpas por el tremendo daño cometido" al municipio, al entender que el PP emprendió "una campaña a nivel local y regional" a raíz de la moción de censura.
Rabaneda: "Mi gestión fue limpia"
Por su parte, Rabaneda afirmó este miércoles en el programa 'Hoy en Madrid' de Onda Madrid, que su "gestión siempre fue limpia" y "nadie puede decir lo contrario. Todo se hizo basándose en el criterio y el interés vecinal". Según explicó la ex alcaldesa, está deseando dar su versión de los hechos porque hasta ahora lo único que se conoce es la versión de los socialistas.
A su juicio, se trata de una "maniobra política orquestada por el PSOE". Rabanada, al igual que el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se mostró sorprendida de que haya tenido conocimiento de sus imputación a través de los medios de comunicación, pues ella no tiene constancia de lo que se le acusa.
Respecto a la dimisión, la ex alcaldesa dijo que le parece "ridículo" que el líder de los socialistas madrileños pida su cese por "una gestión bien hecha" y no la del alcalde pinteño, Juan José Martín, imputado en la denuncia por "presunta corrupción" que interpuso el PP a raíz de la moción de censura.
La denuncia a Rabaneda
La denuncia hace mención a pagos que se realizaron tres días antes de la moción de censura con el informe negativo de Intervención. "Los cargos públicos, hasta el mismo día de una moción, tenemos la obligación de seguir trabajando y seguir haciendo los pagos pertinentes del Consistorio por el bien del Ayuntamiento y los vecinos. Teníamos facturas que pagar, con Iberdrola, con Hidrocantábrico, que si no, nos cortaban la luz", explicó.
Otra de las irregularidades que se observan en la gestión de Rabaneda, según la Fiscalía, sería un supuesto fraccionamiento de pagos para eludir la Ley de Contratos, un asunto que la ex alcaldesa señala como "inaudito", máxime cuando afirma que su gestión estaba siendo revisada fiscalmente sin su conocimiento.