De esta manera, las cuatro formaciones pactaron en el último Pleno el contenido de una moción que presentaron los populares, aunque suprimieron la parte en la que se proponía nombrar "personas non grata" en el municipio a los recaudadores de la sociedad de autores.

En este sentido, los grupos leganenses coincidieron en la necesidad de que el Ejecutivo central revise la ley de protección intelectual con el objetivo de que los ayuntamientos "sean liberados de la carga que soportan".

El principal argumento, según la moción aprobada, es que estas entidades ya "dedican bastante dinero en difundir la cultura". Así, reclamaron una revisión "a fondo la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las Entidades de Gestión de derechos de autor con el objeto de poner freno al abuso, la arbitrariedad y el desmedido afán recaudatorio con que las citadas entidades de gestión se conducen en la actualidad".

Con esta moción, los grupos reconocieron "el legítimo derecho de los autores y editores a defender y proteger sus creaciones y sus intereses económicos", pero recordaron que esto no debe servir para "para poner en marcha un sistema de exacciones arbitrarias e indiscriminadas que, además, tampoco está sometido, como correspondería a un Estado de derecho, a las leyes y normas que regulan el procedimiento administrativo".