El secretario de Políticas Sectoriales de UGT-Madrid, Juan Luis Martín, dijo que  "invertir 396 millones de euros en cinco años para llegar a la situación actual pone de manifiesto el deterioro sostenido de la Sanidad en la Comunidad de Madrid" y exigió a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que tome "decisiones para cambiar aquello que no funciona".

UGT recuerdó en un comunicado que en el año 2005 la Comunidad de Madrid fue expulsada por decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad -órgano en el que el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas coordinan sus políticas sanitarias- del Cómputo Nacional de listas de espera "por incumplir la normativa estatal y crear un sistema propio de contabilidad de listas de espera, no homologables a las demás comunidades". La "maniobra", asegura, "se preparó para camuflar la situación real de las esperas médicas en la región y posibilitar el cumplimiento de la promesa de Esperanza Aguirre de un máximo de 30 días".

Lo que se hizo, indica el sindicato, fue crear tres grupos de pacientes en espera quirúrgica: el "estructural" u "oficial"; el "transitoriamente no programable", formado por quienes están a la espera del anestesista; y el de "espera tras rechazo", en el que figuran los que rechazan un centro privado y manifiestan preferencia por los centros públicos.

Datos manipulados por Sanidad
A juicio de UGT, este sistema implica que "para la Comunidad de Madrid sólo existe la lista de espera estructural", esto es, 15.375 pacientes, que representan un 31 por ciento del total. Las cifras recogidas por el sindicato revelan que el número de pacientes que rechazan ser intervenidos en un centro privado concertado por la Comunidad ha crecido un 18,3 por ciento al pasar de 15.724 en 2008 a 18.611 en 2009.

Se hace eco asimismo del último barómetro sanitario para señalar que el 66,7 por ciento de los madrileños considera que las listas de espera siguen igual o han empeorado, frente a un 16,6 por ciento que opina que han mejorado. De esa encuesta destaca también que un 66,8 por ciento de los madrileños prefiere centros públicos frente a un 17,6 por ciento que opta por los privados y que entre sanidad, educación, vivienda, pensiones y servicios sociales, la sanidad es considerada como el área de mayor interés para los ciudadanos.