El 'timo del sordomudo' vuelve con fuerza. Desde hace tres semanas, decenas de menores de nacionalidad rumana piden 'firmas' a los peatones en los alrededores de la Puerta de Alcalá. Se apostan en la entrada del Retiro, cerca de las dársenas de autobuses; en los pasos de cebra de la calle de Alcalá; se trasladan al paseo de Recoletos, donde continúan su actividad, y encuentran un refugio perfecto en las obras de la calle de Serrano.

Allí, en el laberinto de vallas cuyo 'diseño' cambia casi cada día, madrileños y turistas se ven rodeados de repente por un grupo de niños que les tienden una hoja de firmas. Y no es raro que a los incautos que se interesan por la 'causa' o se dejan rodear durante el tiempo suficiente les desaparezca la cartera.

El Defensor del Menor, Arturo Canalda, reconoce que es "muy difícil controlarlos". "Primero, porque van cambiando de 'centro de operaciones'; ahora están en esa zona, pero pronto se irán a otra", explica. Segundo, porque la mayor parte son menores de 14 años, es decir, inimputables. "Hay algunos que han sido detenidos más de cien veces. Como mucho, el juez les impone una medida voluntaria, que es acudir a un centro, pero como no es obligatorio entran por una puerta y salen por la otra", lamenta.

Así, Canalda propone no solo convertir estas medidas en obligatorias, sino algo, a su juicio, mucho más efectivo: conseguir imputar a sus padres por un delito de receptación —recaudación, con conocimiento de causa, del botín de un delito cometido por otros— o bien por inducción a comisión de delitos o corrupción de menores. "Lo que ocurre es que los progenitores se escudan en que no pueden controlarlos... y así una y otra vez", lamenta.