En uso de mi derecho como ciudadano a expresar mi opinión y reunirme libremente como me ampara la Constitución en el artículo 20 y 21, respectivamente (eso que en los Estados Unidos llaman la Primera Enmienda), asistí hace unos días al acto organizado por UGT y Comisiones Obreras en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en apoyo al Baltasar Garzón.
Junto con muchos otros, allí y en todo el Mundo, lo hice para reclamar que se respete la labor de un Juez justo que ha trabajado sin descanso contra terroristas, mafiosos, narcotraficantes y torturadores, que no se le persiga por aplicar la ley (empezando por la de la Memoria Histórica) y que cese la cacería política y mediática organizada por la derecha extrema y la extrema derecha.
¿Qué molesta de Garzón? Probablemente, no tanto él como lo que pretende: que España devuelva a las víctimas de la represión franquista y a sus familiares lo que les debe, es decir, el reconocimiento de que fueron asesinados, torturados o represaliados por defender la libertad, la democracia y la ley frente a quienes iban en contra de ellas.
La transición a la democracia es uno de los grandes patrimonios de este país. E invocarla para un punto final o un salvo conducto que nadie ha aprobado respecto a las víctimas de los golpistas del 18 de julio no es de recibo.
Quienes van contra el Juez Garzón y contra la recuperación de la Memoria Histórica están haciendo un gran daño al país, cuya imagen está sufriendo las consecuencias en todo el Planeta: basta leer los editoriales y las noticias de New York Times, The Guardian, Le Monde, etc, para darse cuenta de ello.
Respetar el trabajo de la justicia y acatar sus sentencias está fuera de toda duda. Expresar la opinión de que el mundo al revés es inasumible (el Juez sentado en el banquillo por quienes no se arrepienten de nada, no importa el tamaño del crimen o la vejación) no solo es un derecho, sino un deber moral. Así lo entiendo.
Y para aquellos que desde cualquier ámbito político, social incluso judicial pretenden denominar acoso, presión y golpe a la libertad de expresión hay que decirles que en democracia no caben privilegios ni castas y que, por si no lo saben, la libertad de expresión y reunión son derechos universales que aparecen no solo en nuestra Constitución sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Óscar Iglesias.
Presidente del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid.
