Así lo anunció este jueves la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, quien explicó que el recurso fue interpuesto por una serie de promotores inmobiliarios de la localidad y ha sido estimado por el TSJM, que ha dejado en suspenso el PGOU aprobado por la Comunidad.

Precisó que Brunete es un municipio de 9.000 habitantes que había presentado un Plan que contemplaba la construcción de 30.000 viviendas más, lo que quiere decir "90.000 habitantes de crecimiento para un municipio de 9.000".

"El Consejo de Gobierno se opuso a esto y se pidieron informes, de modo que no contabilizara el plazo de cuatro meses máximo (para pedir esta documentación). Siempre habíamos entendido que al pedirse informes sobre si 90.000 habitantes no iban a ser un disparate en un municipio donde viven 9.000 desde el punto de vista de carreteras, por ejemplo, el plazo quedaba interrumpido", aclaró.

Sin embargo, el TSJM no lo ha visto así y ha dado la razón a los recurrentes, por lo que la Comunidad de Madrid tendrá que ponerse de acuerdo ahora con el Ayuntamiento de Brunete para un nuevo plan "que no deje el disparate de las 30.000 viviendas vigentes", según Aguirre.

La jefa del Ejecutivo autonómico dijo que ve "preocupante" que no se acepte la interrupción del plazo de petición de informes, motivo por el que acudirán al Supremo. "La Comunidad recurre, no porque esté en contra del silencio positivo, sino porque cree que la petición de informes interrumpe el plazo máximo. No es posible aceptar esto", afirmó.

"¿Qué va a ocurrir en este tiempo con otros planeamientos que también fueron objeto de petición de informe y que por entender la Comunidad de Madrid que el crecimiento exponencial de la edificabilidad no se podía autorizar se rebajaron a peticiones razonables?", se preguntó Aguirre.

En este sentido, puso como ejemplo el caso de Ciempozuelos, en el que se autorizó la construcción de cerca de 20.000 viviendas y recordó lo que "había detrás", una operación urbanística en la que se vieron implicados dos ex alcaldes.

"Detrás de aquello había nada menos que un millón de euros en Andorra por uno de los alcaldes socialistas de Ciempozuelos y la firma de un contrato que, para justificar este millón de euros, se comprometía la promotora a conceder 40 millones de euros una vez que se hubiera completado al tramitación urbanística", concluyó.