El encuentro tendrá lugar después de que este miércoles el Ayuntamiento de Móstoles mantuviese una reunión privada para estudiar los pasos a seguir en esta promoción de Viviendas de Protección Pública Limitada (VPPL).

En el encuentro, los responsables municipales trasladaron a los afectados su intención de intensificar las conversaciones con la propia constructora y con la entidad financiera Caja Madrid, toda vez que la licencia de obra concedida por el Gobierno municipal a Martinsa el pasado mes de marzo ha caducado "a efectos reales".

Este hecho supone que el Ayuntamiento puede revocar jurídicamente la concesión de esta licencia, algo que podría dilatar más aún la situación de las 127 familias debido al proceso concursal de Martinsa.

Por ello, desde el Consistorio mostoleño estudiarán otras vías de negociación que no contribuyan a paralizar aún más la construcción de estas viviendas. En la actualidad, "están trabajando en alternativas que solucionen nuestro problema", indicaron los afectados.

De hecho, ante el incumplimiento del plazo de seis meses para comenzar a construir que contempla la licencia de obra y ante la demora en el pago correspondiente, el Gobierno municipal anunció a los futuros vecinos que "presionará" a Martinsa y que empezará a "tomar medidas", si bien remitió a los afectados a futuras reuniones con las partes implicadas.