La presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunció este viernes, tras reunir a su Comité de Dirección, una reforma urgente del reglamento de la Cámara autonómica que hará que Alberto López-Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, obligados a dejar al Partido Popular tras las revelaciones del sumario Gürtel, no tengan -como prefieren las numerosas fuentes populares consultadas- ni que pisar el Parlamento de todos los madrileños, para bien de la imagen de los populares.

"Vamos a hacer una reforma para que lo que es dudoso deje de serlo", recalcó Aguirre minutos antes de que el Grupo Popular presentase en el registro de la Asamblea de Madrid su propuesta: modificar el artículo 43 del reglamento para crear la figura del 'diputado no adscrito', que tendrá únicamente los únicamente los derechos individuales.

Por si había dudas de que los imputados no van a hacer otra cosa en la Cámara Autonómica más allá de figurar en su nómina por ser parlamentarios electos, ellos mismos lo dejaban claro también por la mañana, cuando Alfonso Bosch Tejedor presentaba -sin hacer declaraciones a los medios sobre su salida de la formación- en el registro el escrito por el que renuncian a ser miembros del Grupo Popular. El diputado, en su nombre y el de sus dos compañeros, comunicaba su "renuncia voluntaria" y su renuncia expresa a las subvenciones o ayudas económicas, uso de vehículos oficiales, personal administrativo y cualquier otra presentación o ayuda que pudiera derivarse de la aplicación del artículo 46 de la Asamblea de Madrid", referido a los beneficios que se dan a los Grupos parlamentarios. Esto incluye también perder el despacho en el Edificio de Grupos.

Caer en manos de Garzón
La reforma propuesta este viernes es la misma que, según admitió la propia Esperanza Aguirre, prometió cuando fue elegida en 2003 tras el 'tamayazo' y que finalmente el PP no llevó a cabo. Los supuestos cómplices de Francisco Correa en la trama de adjudicaciones de contratos públicos a cambio de sobornos sí mantendrán en cambio el escaño, que es personal según los Tribunales Supremo y Constitucional, y con ello la protección del aforo. Según reveló Esperanza Aguirre tras el anuncio, los señalados por la Policía no han entregado sus actas de diputado "por consejo de sus abogados".

El aforo no significa en ningún caso impunidad, pero sí hace que los diputados sólo puedan ser juzgados con 'permiso' de la Asamblea de Madrid (en teoría una mayoría del PP podría evitarlo, aunque no será así) por un Tribunal Superior, en este caso por el TSJM. Pero el aforamiento tiene otros dos efectos. Por un lado, como ha ocurrido en casos como el Funeraria (con sentencia tras 15 años de vaivenes judiciales), la situación podría alargarse en el tiempo si después dejan de serlo. Por otro, perder el escaño supondría que el caso volvería al juzgado de Instrucción del que salió, es decir,  el sumario podría 'caer' en manos del juez Garzón en la Audiencia Nacional, algo a lo que los populares, que aseguran sufrir una persecución del "juez estrella", prefieren no arriesgarse ni lo más mínimo.