Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Madridiario, el motivo ha sido que el ex consejero de Deportes de la Comunidad, Alberto López Viejo, y los diputados Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor se han negado a depositar las fianzas de 750.000, 950.000 y también 750.000 euros que les han sido impuestas. Con ellas, que deberían haber sido entregadas en el TSJM, se cubrirían las posibles responsabilidades económicas derivadas de su presunta implicación en la trama dirigida por el empresario Francisco Correa.

La orden de Pedreira supone que los diputados, expulsados en su día del Grupo Popular de la Asamblea y ahora diputados no adscritos, no podrán vender ni realizar ninguna operación sobre los inmuebles, fincas o coches de su propiedad entre otros. "El juez pide información a los registros o a la Dirección General de Tráfico e impone lo que se denomina un 'asiento' sobre los bienes para que no puedan venderse ni traspasarse. Cuando haya sentencia firme o la última instancia (si hay recurso) decida que hay responsabilidades, el embargo se ejecuta y los bienes saldrían a subasta para satisfacer las responsabilidades civiles o económicas", explican desde el TSJM.

Siguen cobrando y teniendo usufructo
  Pero los imputados en el 'caso Gürtel' les sale incluso rentable no haber pagado las fianzas, próximas al millón de euros. En primer lugar, porque los bienes siguen siendo de su propiedad. Hasta que haya sentencia firme se les reconoce la presunción de inocencia. En segundo, porque el juez todavía investiga el sumario (sólo le ha levantado el secreto a una terca parte, 17.000 folios) y aún no hay perspectivas de apertura de juicio, lo que retrasará la decisión final. Y en tercer lugar, porque el día que llegue la sentencia, cabe recurso ante el Tribunal Supremo, con lo que el 'caso Gürtel' puede seguir vivo en el tiempo durante años. Hasta entonces, siguen cobrando su sueldo de la Asamblea de Madrid mientras sean diputados y pueden disfrutar del usufructo de sus bienes e inversiones.

No en vano la propia Esperanza Aguirre recomendó personalmente al que fuera uno de sus hombres de confianza y organizador de sus actos públicos que entregase su acta de diputado para evitar, como pasó en el conocido 'caso Funeraria', que la sentencia se alargue 16 años. Ahora bien, mantener el escaño da derecho al aforo, que permite que sólo se pueda ser juzgado por las instancias superiores.

Pedreira ha iniciado también el proceso de inmovilización de bienes de otros dos imputados en la trama Gürtel. Uno es el ex concejal de Boadilla José Galeote (un millón de euros de fianza) y la otra la ex administradora de la presunta red corrupta, Felisa Jordán (650.000 euros). Jordán relató al juez en uno de sus interrogatorios que la trama hacía regalos personales a cientos de personas de la Comunidad y Ayuntamientos. El juez también ha impuesto una fianza de 1'5 millones de euros a Ginés López, ex alcalde de Arganda.