El conductor se quejó a la institución que dirige Enrique Múgica después de verse obligado a recurrir cada una de las multas que le llegaban a casa, e incluso a afrontar algunas de las multas, ya que el Ayuntamiento no revocó todas las sanciones, ni siquiera después de que apareciera un coche al que habían colocado la matrícula robada. Finalmente, ante la intervención del Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Madrid decidió archivar los expedientes pendientes después de que se probará el robo de las matrículas y la inmovilización de un vehículo de idénticas características al que cometió las infracciones con la placa cambiada.

Asimismo, en su informe, el Defensor del Pueblo destaca otro caso sucedido en Madrid en el que un conductor madrileño descubrió que la grúa le había quitado el coche por una prohibición que se señalizó con posterioridad a que aparcara. El hombre había estacionado esa madrugada y el mismo día que se colocó la señalización se le retiró el vehículo. Tras la queja del Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Madrid quitó la multa, ya que han de transcurrir 48 horas para denunciar y, en su caso, sancionar cuando como consecuencia de un cambio en la señalización se prohíba el estacionamiento.

El año pasado llegaron al Defensor del Pueblo 1.132 quejas relacionadas con "seguridad ciudadana y vial". La institución examina estas reclamaciones, y si considera infringida alguna garantía, notificaciones incorrectas, denegación de medios de prueba relevantes o errores materiales en la identificación del vehículo, insta a la administración para que rectifique. En este sentido, el informe destaca otro caso de una persona al que se le había atribuido una infracción cometida por un vehículo del que aún no era titular, al ser la fecha de la compra era posterior a la fecha de la infracción. La DGT reconoció el error y retiró la sanción.

En otro expediente se sancionó a un conductor por estacionar en un paso de peatones en un punto kilométrico donde no existe tal paso. También en este caso la DGT reconoció que existía dudas sobre el lugar donde se cometió la infracción y dejó sin efecto de oficio la sanción, tal y como proponía el Defensor del Pueblo.