"En estos años ningún Gobierno anterior había hecho tanto en Aranjuez por hacer accesible la compra de una vivienda", afirmó el edil. El Ejecutivo Municipal, a través de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda (SAVIA), ha impulsado la construcción de 920 viviendas protegidas, a través de parcelas de gestión directa, tanto en La Montaña como en El Mirador del Príncipe (antigua AGFA), como a través de adjudicaciones de suelo a cooperativas y promotoras para venta y alquiler de viviendas.

Este impulso a la vivienda protegida, después de que los anteriores gobiernos del Partido Popular en Aranjuez (del que también formó parte ACIPA) no construyesen viviendas accesibles, "es una realidad incuestionable", según Del Valle.

Por ello, el concejal se mostró este martes "perplejo" por las críticas de ACIPA respecto a la promoción de viviendas en alquiler con opción a compra puestas en marcha en La Montaña la pasada semana.

"Lamenta ACIPA ahora el precio del módulo que establece la Comunidad de Madrid, cuando en el pleno de mayo de 2008 se abstuvo a la petición que formuló el Gobierno socialista para que se rebajara dicho precio", recuerda el edil.

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó además el 13 de mayo, con el voto en contra del PP y la abstención de ACIPA, instar a la Comunidad de Madrid a que retirase la orden del 1 de abril de 2008 que aumentaba "desmesuradamente" el precio de venta y alquiler de las viviendas de protección pública.

En el caso concreto de Aranjuez, la orden autonómica aplicó un aumento del 24,78 por ciento, que supuso que el metro cuadrado de las viviendas protegidas de precio básico (VPPB) pasaran de 1.263,49 euros el metro cuadrado a 1.576,64 euros, lo que suponía 313,15 euros más por metro cuadrado.

En el caso de las viviendas protegidas de precio limitado (VPPL), el incremento fue del 24,28 por ciento, pasando de 1.585,72 euros/metro cuadrado a 1.970,80 euros /metro cuadrado. Esta orden se dictó sin contar con la opinión de los ayuntamientos afectados, por lo que el pleno de Aranjuez, además de solicitar su retirada, exigió que se abriera un período de consultas y negociación con los consistorios y con la Federación de Municipios de Madrid (FMM), lo que no fue tenido en cuenta por la Comunidad.