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El decreto de libre elección a través de un área única arrebata el poder de decisión a las gerencias de Primaria y a los hospitales. La organización sanitaria que atiende a 6'4 millones de madrileños se centralizará en una gerencia única. Todo ello precisamente cuando médicos y enfermeros exigen participar directamente en las decisiones que se tomen. Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, advierte que la centralización es posible en La Rioja, "donde tienen 300.00 habitantes", pero no aquí con 80 millones de consultas al año y una plantilla de médicos desbordados. Caridad García, portavoz de IU, advierte que "dinamitar" la planificación solo ayudará en una dirección: sumar a los problemas actuales los problemas de los nuevos hospitales provocando un "enorme conflicto acumulado" en la Sanidad.
La relación y atención al paciente debería ser según Femyts, Satse, los sindicatos de clase y los partidos de la oposición, el nudo gordiano de la reforma sanitaria. Existiendo un área única en lugar de 11, esa relación se rompe junto con la continuidad asistencial, dado que el paciente podrá tratarse en centros de toda la región y no sólo en su centro de salud, centro de especialidades correspondiente y hospital de referencia. A nivel laboral, temen que sea la excusa para que los profesionales sean víctimas de reordenaciones continuas, rotaciones y lo que es peor, que prime la cantidad sobre la calidad cuando se establezcan incentivos para los médicos que más pacientes traten.
APISCAM, el colectivo de informáticos de la Sanidad de la Comunidad de Madrid se opone “totalmente” al proyecto ya que conlleva la centralización de toda la informática de Atención Primaria en una instalación central a la que ni si quiera la Administración Pública tendrá acceso, ya que "será llevada por entero por empresas privadas, incluidos todos los datos clínicos de los pacientes". Domingo Sánchez, vicepresidente de la asociación, advierte que esto supone echar por tierra el trabajo de años de este colectivo con alto porcentaje de contratos precarios y al que la Comunidad ha prometido reiteradamente (sin consumarlo hasta la fecha) regularizar su situación. "La Consejería pide además la colaboración de este personal en el traspaso de datos a los nuevos sistemas sin garantizar de ninguna forma su situación laboral", concluye.




































