En la actualidad, en las 11 áreas sanitarias en que se divide la Comunidad de Madrid existen 930 personas que, elegidas por los afiliados de cada centro de trabajo, representan los intereses de los trabajadores frente a las gerencias. Estos, gracias a la ley de libertad de asociación y al derecho de representación sindical, ejercen esa función bien a tiempo completo, bien a tiempo parcial. Sanidad calcula que todos ellos consumen cerca de un millón y medio de horas al año no efectivas para los hospitales que suponen 30 millones de euros a las arcas públicas. Con la fusión de las 11 áreas en una sola y siguiendo los criterios de representación, la Consejería estima que esas 930 personas deberían reducirse a únicamente 90.

Que se reduzcan también los consejeros
Los sindicatos advierten que esa petición "no se sostiene jurídicamente" y la oposición es férrea. Juan Luis Martín Sierra, secretario de política social de UGT, reta a Güemes a que se atreva a plantear "una reducción de los derechos de los trabajadores". "¿Es contrario a la Constitución y a la ley de libertad sindical? Que lo diga y lo plantee, no tenemos ningún problema. Admitimos que en tiempos de crisis hay que reducir los gastos de liberación, es lógico y estamos dispuestos, pero que se negocie en la Mesa Sectorial de Sanidad. Nosotros pediremos otras cosas", advierte subrayando que, en cualquier caso, serán dos negociaciones completamente independientes.

Ana González, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO, es de la misma opinión: "¿Vamos a poder exigir nosotros la eliminación de consejeros? En ningún caso vamos a intercambiar la aceptación del área única por derechos de los trabajadores. La Sanidad y la representación son derechos completamente diferentes". Sierra le acompaña en esta reflexión y recuerda: "La actual representación sindical la aprobó el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003". La cosa no se queda ahí. En caso de llegar al área única, los sindicatos de médicos y enfermería, Femyts y Satse respectivamente, tienen listas sus propias reivindicaciones: limitación de la rotación y de la movilidad de los profesionales, incrementos retributivos para los profesionales y límites a las tarjetas sanitarias que cada colectivo atenderá por ley.

El bastión de los servicios públicos
 El proceso para implantar el Área Única se produce, además, en un momento en el que el sector sanitario está muy agitado.  UGT, CCOO, CSIT-UP, la CGT, CNT y, aunque no siempre, Femyts y Satse, se han convertido dentro de los centros de salud y hospitales en el bastión más contestatario a las políticas de servicios públicos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En los centros de trabajo y en la calle, apoyados entre otros por el PSOE e IU, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS), la Coordinadora Antiprivatización (CAS), el colectivo APISCAM,  la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) o la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSPM), las manifestaciones contra la entrada de las empresas privadas (laboratorios, nuevos hospitales, informática, servicios no médicos) han sido una constante en los últimos años.

La contestación ha sido especialmente intensa en los ocho nuevos hospitales regionales, donde los trabajadores no han dejado de denunciar "enormes deficiencias" tanto materiales como humanas desde su entrada en funcionamiento.

Sanidad ha esgrimido frente a estas protestas que la política seguida es correcta como han puesto de manifiesto las encuestas según las cuales la satisfacción de los pacientes con los nuevos hospitales alcanza el "notable bajo".Por ello los responsables sanitarios confían en que el área única sanitaria mejorará aún más la situación gracias a que garantizará la libertad de elección de médico en cualquier centro de la región, reducirá los tiempos de espera mediante incentivos a los médicos e intentará reducir el número de liberados sindicales presentes en la Sanidad madrileña. Las espadas están en alto.